El Poder Judicial programó la audiencia para evaluar un nuevo pedido de prisión preventiva contra la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para el próximo jueves 26 de diciembre. Esto en el marco de la investigación preparatoria por los presuntos aportes irregulares de la empresa brasileña Odebrecht a sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.
De esta forma, Fujimori Higuchi enfrentará el segundo requerimiento de la misma medida por parte del Ministerio Público, luego de salir en libertad el último 29 de noviembre y estar aproximadamente 13 meses recluida en el Penal Anexo de Mujeres de Chorillos.
Estos son los principales hechos que marcaron el primer pedido prisión preventiva contra la líder de Fuerza Popular.
La detención preliminar
El 10 de octubre de 2018, Keiko Fujimori acudió a la sede del Ministerio Público ubicada en el Centro de Lima, donde fue citada para que rindiera su testimonio como parte de las investigaciones por presunto lavado de activos. Sin embargo, a su ingreso fue intervenida por efectivos de la policía que le informaron que estaban cumpliendo una orden de detención preliminar por 10 días en su contra, previamente dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria.
La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, informó entonces que la ex candidata presidencial fue con su esposo, Mark Vito Villanella, a declarar a la Fiscalía.
La orden de detención solicitada por el fiscal del equipo especial para el Caso Odebrecht también incluyó a otras 19 personas, entre los que se encontraban Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, presuntos intermediarios de los aportes de Odebrecht a la campaña de Fuerza 2011 (Fuerza Popular).
Fujimori quedó en libertad luego de permanecer ocho días detenida. La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, que preside el juez César Sahuanay, ordenó la libertad tras declarar nula la orden de detención.
Keiko Fujimori fue detenida de forma preliminar el miércoles 10 de octubre. | Foto: GEC
Los argumentos de la Fiscalía
José Domingo Pérez, fiscal del Equipo Especial del Caso Lava Jato, solicitó 36 meses de prisión preventiva para Fujimori en el marco de la investigación en su contra por lavado de activos.
La principal hipótesis de la Fiscalía fue que Keiko Fujimori, como líder de Fuerza Popular (antes Fuerza 2011), tenía conocimiento de las actividades que los miembros de su organización realizaban, como la captación de dinero de forma ilícita, como el de Odebrecht.
Para el Ministerio Público, se cumple con este supuesto porque, de acuerdo con el Código Procesal Penal y la Ley contra el Crimen Organizado, el delito de lavado de activos, en su modalidad de ocultamiento y conversión, prevé una pena de entre 8 y 15 años de cárcel.
Asimismo, para la Fiscalía se evidenciaba un grave peligro de fuga de Keiko Fujimori “porque ha constituido una organización criminal al interior del partido político Fuerza 2011 [hoy Fuerza Popular] con influencia e interferencia en el Poder Legislativo y Poder Judicial”. Además, que por sus viajes por el país no tendría arraigo domiciliario y que teniendo altos ingresos económicos no cuenta con un domicilio.
La Fiscalía considera que Keiko Fujimori formó parte de una organización que obtenía dinero ilícito de Odebrecht | Foto: GEC
La decisión del juez
Tras varios días de audiencias, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva contra la líder de Fuerza Popular el 31 de octubre de 2018, al aceptar la tesis fiscal que le imputa ser la cabeza de una presunta organización criminal al interior de su partido, acusado de lavar 1 millón de dólares entregados por Odebrecht en 2011.
Además, el juez indicó que existía un alto grado de probabilidad de que se habría cometido el presunto delito de lavado de activos dispuesto por Fujimori, quien habría ordenado la conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia del dinero ilícito.
En todo momento, la defensa de la líder de Fuerza Popular afirmó que no existían razones para que el juez dictara esta medida. Además negó las imputaciones de la Fiscalía.
“Lo que hemos visto es una clara manifestación de parcialidad judicial. El señor juez ha alegado documentos que ni siquiera han sido expuestos por el fiscal. No hay sustento alguno para dictar la prisión preventiva. Han rechazado todos nuestros argumentos sin explicar por qué y era evidente que no existía peligro de fuga”, dijo la letrada Guiliana Loza el día que se dictó la medida.
La liberación
El 4 de julio de 2019, Sachi Fujimori Higuchi, presentó un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional, a fin de conseguir la anulación del mandato judicial de prisión preventiva que cumplía su hermana mayor.
Finalmente, el 25 de noviembre se conoció que el máximo intérprete de la Constitución había aceptado la solicitud.
“El Tribunal Constitucional, no lavándose las manos ni actuando en forma pusilánime, ha acordado por decisión mayoritaria aceptar el habeas corpus presentado por Sachi Fujimori en representación de su hermana, resolviendo […] declarar fundada la demanda de habeas corpus por afectación del derecho a la libertad personal de Keiko Fujimori”, señaló el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume.
A favor de su liberación estuvieron los magistrados Ernesto Blume, José Luis Sardón, Augusto Ferrero y Carlos Ramos. En contra estuvieron Eloy Espinosa-Saldaña, Manuel Miranda y Marianella Ledesma. Asimismo, la decisión del Pleno dispuso la libertad de Fujimori sin ninguna medida restrictiva en su contra.