La líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no se presentó este jueves a declarar ante un fiscal de Perú que investiga, de manera preliminar, los presuntos aportes que hizo la empresa brasileña Odebrecht a su campaña electoral de 2011.
Keiko había sido citada por la Fiscalía de Lavado de Activos, pero la diligencia no se celebró ante el allanamiento que hicieron fiscales y policías a dos locales de Fuerza Popular, según relataron portavoces de este partido.
«Ella estaba acudiendo a la citación, estaba en camino cuando nos enteramos de este atropello hemos corrido a los locales», declaró la legisladora fujimorista Luz Salgado.
El también parlamentario fujimorista Héctor Becerril aseguró que Fujimori iba camino a la citación fiscal cuando se produjeron los allanamientos, por lo que decidió regresar a su local partidario en el distrito de Surco.
El secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper cuestionó que el Ministerio Público citara a la líder de Fuerza Popular y en simultáneo allanara los inmuebles del partido.
Keiko Fujimori iba a ser interrogada sobre una anotación del empresario brasileño Marcelo Odebrecht con el mensaje «Aumentar Keiko a 500 e eu fazer visita» (Aumentar Keiko a 500 y yo voy a hacer visita), que está en poder de los fiscales peruanos.
Según informaron medios locales, Odebrecht confirmó a inicios de noviembre pasado a un grupo de fiscales peruanos la existencia de esa anotación y que pidió al entonces director de su compañía en Perú, Jorge Barata, que financiara la campaña presidencial de Keiko.
La Segunda Fiscalía de Lavado de Activos de Perú intervino hoy los locales de Fuerza Popular en el centro histórico de Lima y en Surco, tras recibir una autorización judicial del juez Richard Concepción Carhuancho.
El Poder Judicial agregó, en un mensaje en Twitter, que se ordenó la incautación de documentos hallados en los referidos locales partidarios de Fuerza Popular, precisando que lo dispuesto es en el ámbito de la investigación por el caso Odebrecht.
El pasado 21 de noviembre, un tribunal decidió que la Fiscalía tenía un plazo máximo de 10 días para formalizar una denuncia o archivar una investigación que sigue a Keiko y su esposo, el norteamericano Mark Vito Villanella, por los ingresos obtenidos por unos cócteles durante su campaña para las elecciones de 2016.