El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria aprobó el martes la formalización de la investigación preparatoria contra el expresidente Pedro Castillo y su exprimer ministro Aníbal Torres por el delito de rebelión, a raíz del fallido golpe de Estado que motivó su destitución.
Con la decisión del juzgado, compartida por periodistas locales, el proceso penal contra Castillo queda formalmente iniciado y la Fiscalía puede solicitar la detención preventiva para el exmandatario, dado que este miércoles vence la prisión preliminar dictada en su contra.
Precisamente, Torres, quien dijo haber pasado a la clandestinidad, había convocado el miércoles pasado a los seguidores de Castillo a esperar su liberación ese día de la cárcel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, en el distrito de Ate, en la que está recluido hace siete días.
La resolución del juzgado precisó que Castillo será investigado como coautor por el presunto delito de rebelión y conspiración, así como autor de los presuntos delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, a cargo del juez Juan Carlos Checkley.
En tanto, Torres, en su condición de asesor de la presidencia del Consejo de Ministros al momento de los hechos, será investigado como coautor en los delitos de rebelión y conspiración.
Sin embargo, a diferencia de Castillo, Torres está libre y pasó a la clandestinidad, al conocer la acusación en su contra presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
La investigación contra Castillo y Torres ha sido calificada de compleja por el Ministerio Público y tendrá una duración de ocho meses.
La sala resolvió poner en conocimiento de la Fiscalía de la Nación y de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos la formalización de la investigación, así como de la Procuraduría General del Estado, en su condición de representante de la parte agraviada.
El martes, el juez supremo César San Martín rechazó la apelación que la defensa de Castillo presentó contra su detención preliminar y señaló que, con lo planteado por la Fiscalía, el exmandatario puede ser procesado al menos por tentativa del delito de rebelión o conspiración, cargos por los que enfrentaría entre 5 y 10 años de cárcel.
Durante esa audiencia, Castillo expresó, en forma remota desde la cárcel, que no ha cometido ningún delito de conspiración ni rebelión.
En su lugar, Castillo afirmó que está injusta y arbitrariamente detenido. «No estoy por ladrón, por violador, corrupto ni por matón», dijo.
El exgobernante peruano también pidió a sus seguidores que lo acompañen este miércoles, aunque en ese momento fue interrumpido por el juez San Martín, que le dijo que la audiencia no era el espacio para este tipo de proclamas y le pidió que solo ofrezca un alegato desde la perspectiva jurídica sobre su defensa.