La Corte Superior Nacional de Perú decidió este lunes anular el juicio contra la líder política Keiko Fujimori por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016, aplicando una sentencia previa emitida por el Tribunal Constitucional (TC).
Con esta resolución del Tercer Juzgado Penal de la corte, el caso regresa a su fase intermedia, es decir, al control de acusación, tanto para Keiko Fujimori como para los más de 30 imputados en este proceso, conocido como el ‘Caso Cócteles’.
La jueza Juana Caballero García explicó que, por mayoría, el tribunal adoptó la sentencia del TC de diciembre, que había ordenado la anulación de la acusación fiscal en este mismo caso contra José Chlimper, exdirigente del partido fujimorista Fuerza Popular.
El tribunal también señaló que existían vicios en el auto de enjuiciamiento que hacían inviable la continuación del juicio.
«Desarrollar un juicio con una imputación deficiente constituye una puerta abierta hacia la arbitrariedad, en tanto se pone en riesgo el principio de congruencia procesal», indicó otro de los magistrados, Max Vengoa.
Añadió que «si las conductas imputadas no están debidamente claras o, estando claras, estructuralmente no tienen consistencia, se pone al acusado en una posición de incertidumbre».
La defensa de Keiko Fujimori, hija y sucesora política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), solicitaba la anulación del juicio basándose en la misma sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC).
«No se puede, en este caso, extirpar solamente para el señor Chlimper», argumentó la abogada Giulliana Loza en una audiencia el 6 de enero, antes de pedir al tribunal que «se sirva, en condición de establecer el efecto de la sentencia el TC», también para su defendida «a fin de no genera indefensión».
En diciembre, el Tribunal Constitucional (TC) admitió parcialmente una demanda de habeas corpus presentada por Chlimper, anulando la acusación fiscal en su contra y la resolución judicial relacionada con este caso.
El TC argumentó que se vulneró el derecho a la defensa del exdirigente político, ya que no se le permitió conocer adecuadamente los cargos que se le imputaban, y ordenó que la Fiscalía emita una nueva acusación conforme a los procedimientos legales.
Loza, defensor de Fujimori, sostuvo que los hechos imputados a Chlimper también se les han atribuido a otros procesados en el caso, incluida su defendida.
En respuesta, el fiscal José Domingo Pérez solicitó al tribunal que revise detalladamente los argumentos de la sentencia del TC, ya que, según él, «no le dio la razón en su totalidad a José Chlimper».
El juicio oral contra Keiko Fujimori y otros 45 acusados comenzó formalmente el 1 de julio, en el que la Fiscalía les imputa presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en proceso administrativo, falsedad genérica y obstrucción a la justicia.
La Fiscalía ha solicitado que Keiko Fujimori, hija mayor del expresidente Alberto Fujimori, fallecido en noviembre pasado, sea condenada a 30 años y 10 meses de prisión por recibir presuntos aportes ilícitos para sus campañas.
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