La justicia francesa condenó el jueves al certificador alemán TUV, que validó el uso de prótesis mamarias fraudulentas PIP, a indemnizar con hasta 37.135 euros a 13 demandantes, algunas de Colombia, España y Venezuela, anunció la asociación de víctimas Pipa.
El tribunal de apelación de Aix-en-Provence condenó a TUV Rheinland a indemnizar a estas mujeres –una colombiana, dos españolas, dos británicas y ocho venezolanas– a montos de entre 7.000 y 37.135 euros, entre unos 7.640 y 40.535 dólares, según la asociación.
Desde el inicio del caso hace 13 años, los tribunales, sobre todo mercantiles, acordaron indemnizaciones de hasta 6.000 euros, unos 6.550 dólares por mujer, pero, según Pipa, es la primera vez que una jurisdicción se pronuncia sobre una indemnización definitiva.
Sin embargo, TUV Rheinland, que emplea a 20.000 personas en el mundo y cuya facturación es de unos 2.000 millones de euros (2.180 millones de dólares), considera que la decisión no es definitiva.
«Todo depende de las esperadas sentencias de la Corte de Casación sobre las contradictorias decisiones de los diferentes tribunales de apelación», dijo a AFP la abogada del grupo, Christelle Coslin.
Pipa, que cifra en unas 35.000 las denunciantes en todo el mundo, asegura que el certificador alemán podría verse obligado a abonar finalmente 500 millones de euros (545 millones de dólares).
El fallecimiento en 2019 de Jean-Claude Mas, fundador de PIP, puso fin a los procedimientos contra la compañía francesa, pero los procesos contra el certificador alemán, que no señaló los fallos, continúan.
El escándalo estalló en 2010 cuando el regulador francés detectó una tasa anormal de ruptura de estas prótesis, que estaban hechas con un gel de silicona no homologado para uso médico.
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