Dos juristas portugueses instaron a la Justicia de Cabo Verde a cumplir el dictamen que hizo el Tribunal Comunitario de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) de poner en arresto domiciliario al empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro.
La recomendación de los juristas António Pedro Ferreira -catedrático de derecho- y João Luz Soares -máster en derecho y estudiante de doctorado- se produjo por solicitud de Baltasar Garzón, líder del equipo internacional de abogados que defiende a Saab.
En un comunicado difundido este miércoles por los defensores, Ferreira y Luz Soares señalan que la decisión de la CEDEAO es vinculante para la Corte de Apelación caboverdiana de Barlavento, que rechazó el fallo del Tribunal Comunitario y ordenó mantener a Saab en prisión preventiva.
Pero los juristas portugueses señalaron que el caso de Saab «se trata principalmente de un tema claro de derechos humanos», por lo que instaron a ponerlo «residencia domiciliaria permanente bajo la supervisión de las autoridades judiciales» del país africano.
En el documento también se indica que el estado de salud de Saab es débil por una condición de cáncer existente, un padecimiento del que no se ofrecieron mayores detalles.
Detención por petición de EE UU
Saab fue detenido el pasado 12 de junio cuando el avión en el que viajaba hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal, y tras una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por supuesto blanqueo de dinero.
Un mes después, la Justicia caboverdiana autorizó su extradición a Estados Unidos, una decisión que su defensa apeló de manera inmediata.
Tras la detención del presunto testaferro de Maduro, Venezuela señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un agente del régimen que se encontraba en tránsito en Cabo Verde para volver al país.
El pasado 8 de diciembre, la defensa de Saab confirmó a EFE que Cabo Verde demoraba en poner a Saab en la situación de prisión domiciliaria que ordenó la CEDEAO el día 2 por la adecuación de las condiciones de seguridad del empresario.
Las acusaciones contra Saab
Saab, que cumplió 49 años de edad el pasado 21 de diciembre, mantuvo siempre bajo perfil hasta que apareció en la prensa cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega lo acusó, en 2017, de ser uno de los testaferros de Maduro.
El empresario, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited, acusada de suministrar con sobrecostes alimentos para un programa de ayudas del régimen de Maduro, conocido como CLAP.
Un funcionario del gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con cientos de millones de dólares.
Estados Unidos también presentó cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.