La maniobra de la oposición peruana para destituir al presidente Martín Vizcarra dejó este sábado en mitad del fuego cruzado a las Fuerzas Armadas al conocerse que el líder del Congreso, el opositor Manuel Merino, asumiría la Presidencia si prospera el juicio político, contactó a altos mandos militares.
Los intentos de Merino por involucrar a los militares en este proceso político alimentaron la tesis de «complot contra la democracia» lanzadas el viernes por Vizcarra junto a su primer ministro, Walter Martos, que calificó la situación «prácticamente un golpe de Estado».
Antes de que se presentara la moción para destituir a Vizcarra, Merino llamó al comandante general de la Armada y también trató de comunicarse con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para presuntamente obtener su apoyo, reveló este sábado el ministro de Defensa, Jorge Chávez.
El ministro, un general del Ejército en retiro, rechazó la actitud del líder del Congreso al considerar que sus comunicaciones «no solo fueron imprudentes y fuera de lugar, sino que colisionan con el orden democrático» de forma «temeraria».
Rechazo de plano
En respuesta, Merino rechazó que haya un complot para destituir al presidente y que intentara conseguir apoyo militar para el mismo. «Es un hecho totalmente falso. Lo rechazo de plano», dijo.
Sin embargo, durante una conferencia de prensa en la sede del Congreso, se le preguntó en tres ocasiones cuál era la finalidad de llamar a los militares, a lo que solo respondió que fue para «dar tranquilidad».
Merino criticó sin embargo que el Gobierno si hubiera dado una comunicación pública rodeado de uniformados y pidió que la atención mediática se olvide de este tema y se centre sobre Vizcarra, al que instó a dar explicaciones sobre el caso que impulsa a los opositores a destituirlo.
Contraataque de Vizcarra
Con esta revelación, Vizcarra parece ganar el pulso al intento de sus enemigos políticos de sacarlo del poder pese a que el mandatario no tiene representación oficial en un Congreso atomizado en nueve fuerzas muy variopintas.
Antes de conocerse las llamadas de Merino a los militares ya se intuía difícil que la iniciativa reuniera el favor de los dos tercios de la Cámara, equivalente a 87 votos, para destituir al presidente por «incapacidad moral permanente».
La votación para abrir el juicio político obtuvo 65 votos a favor, lo que no significa que todos se mantengan para aprobar definitivamente la salida de Vizcarra, mientras que en contra votaron 36 congresistas y otros 24 se abstuvieron.
De hecho, algunos congresistas que votaron a favor ya anunciaron que no apoyarán ahora la destitución, como el también exgeneral Daniel Urresti.
La mayoría de votos que promueven el juicio político vienen del partido Acción Popular, al que pertenece Merino; y de Alianza para el Progreso (APP) y Podemos Perú (PP), cuyos líderes, los empresarios César Acuña y José Luna, son dueños de universidades privadas y contrarios a la reforma universitaria que defiende el Gobierno.
Por eso, el primer ministro, Walter Martos, recordó este sábado en un mensaje a la nación el talante democrático del expresidente Fernando Belaunde Terry (1963-1968 y 1980-1985), el gran líder histórico de Acción Popular.
«Le pedimos disculpas (a Belaunde Terry) porque malos elementos están intentando manchar su incólume prestigio. Reiteramos el llamado a la reflexión y a la responsabilidad de las fuerzas democráticas del Congreso para que no se presten a los intentos de algunos sectores de desestabilizar el país», dijo Martos.
Demanda Constitucional
Sin embargo, el gobierno no se va a quedar quieto hasta el viernes cuando está programado el juicio político a Vizcarra en una sesión extraordinaria del Congreso.
Tras reunirse el Consejo de Ministros, el Ejecutivo presentará una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) para que dirima si el Congreso tiene argumentos para inhabilitar a Vizcarra bajo la fórmula de «incapacidad moral permanente», contemplada originalmente en la Constitución para casos extremos donde el jefe de Estado sufre alguna alteración mental probada.
La demanda irá acompañada de una solicitud de medida cautelar que suspenda la celebración del juicio político hasta que el TC emita su opinión.
«Se pretende imputar de manera equivocada e inconstitucional al presidente. No es compatible con el sistema de Gobierno de nuestro país. Está afectando competencias del Ejecutivo y está minando el orden constitucional», precisó la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra.
El argumento utilizado por los opositores a Vizcarra para aplicarle la «incapacidad moral permanente» es por supuestamente ocultar visitas al Palacio de Gobierno del cantante Richard Swing, que dice ser amigo personal del presidente y cuyos contratos con el Ministerio de Cultura son investigados por el Congreso y la fiscalía.
A esto se agarraron los partidarios de la destitución tras revelarse unas grabaciones secretas del presidente difundidas en el Congreso por el parlamentario y excontralor Edgar Alarcón, enemigo declarado de Vizcarra desde hace años.
Allanamientos de Fiscalía
Esas grabaciones fueron hechas presuntamente por la asistente del presidente Karem Roca, cuya vivienda fue allanada por la Fiscalía en la madrugada de este sábado en el marco de las investigaciones.
También hubo allanamientos en el domicilio de la secretaria de Presidencia Miriam Morales, que aparece igualmente en las conversaciones, y al propio Richard «Swing», que el viernes denunció que todo es una conspiración urdida por Merino y Alarcón para sacar a Vizcarra del poder.
Toda esta crisis política sucede en plena pandemia de covid-19. Perú es el primer país del mundo en mortalidad relativa al promediar 92 muertos por cada 100.000 habitantes y acumular más de 30.000 fallecidos. También es el quinto país del mundo en casos confirmados al registrar 700.000 contagios.
«Les pido disculpas por estar celebrando un Consejo de Ministros para ver temas que no deberían estar sucediendo, porque deberíamos estar trabajando en las regiones, ya que hay mucha gente que se está muriendo», dijo Martos a la nación para lamentar los esfuerzos y tiempo que quita al Gobierno esta crisis política.
A ello se une la crisis económica derivada de la pandemia donde las últimas previsiones apuntan a que Perú vivirá una recesión de 12% de su producto interior bruto (PIB) en este 2020.
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