El juicio oral por presunta corrupción contra el expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) comenzará el próximo 16 de octubre, seis meses después de su extradición desde Estados Unidos, informaron fuentes judiciales.
Aunque el inicio de las audiencias por la presunta comisión de los delitos de colusión y lavado de activos había sido programado inicialmente para este lunes, el Poder Judicial lo reprogramó para el 16 y 17 de octubre.
En principio, el Segundo Juzgado Penal Colegiado había decidido que el proceso por los presuntos sobornos recibidos de la empresa brasileña Odebrecht se instalaría de manera remota contra Toledo y otros seis acusados.
Sin embargo, la Corte Superior Nacional de Justicia informó que ahora se realizará de forma presencial en una de sus sedes del centro histórico de Lima, aunque precisó que Toledo sí se conectará mediante una plataforma digital desde el penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido.
«Los acusados que no asistan, sin justificación, serán declarados reos contumaces», advirtió.
La Corte detalló que la reprogramación se decidió «a fin de contribuir con una efectiva y debida realización de la etapa de juzgamiento», ya que se trata de un proceso con «un expediente voluminoso», con más de 220 cuadernos y 50 tomos adicionales.
Agregó, además, que la Procuraduría del Estado y la defensa de Toledo no habían «cumplido aún con proporcionar los medios de prueba que le fueron admitidos».
Este extremo fue advertido el pasado viernes por el Segundo Juzgado Penal, que preside la jueza Zaida Pérez, que informó en un oficio que no había «sido posible culminar» con la formación del expediente judicial porque el Ministerio Público, la Procuraduría y la defensa de algunos investigados solicitaron la ampliación del plazo para la entrega de los medios de prueba.
Indicó, además, que la entrega de los medios de prueba por parte del Ministerio Público solo culminó el 28 de agosto y que la Procuraduría y la defensa de Toledo «no han cumplido con proporcionar la documentación requerida en plazo solicitado».
En ese caso, serán procesados junto a Toledo otros seis acusados, entre los cuales figuran Fernando Camet Piccone y José Castillo Dibós, para quienes el Ministerio Público pide 20 años y 6 meses de cárcel, los mismos que para el exgobernante.
Para los acusados Sergio Bravo Orellana, Alberto Pasco Font y Avraham Dan On, la Fiscalía pidió 9 años de cárcel, y para Gonzalo Ferraro Rey solicita 11 años y 6 meses de prisión.
Toledo fue extraditado en abril pasado para ser procesado por presuntamente haber recibido 34 millones de dólares (unos 31,7 millones de euros) de Odebrecht para adjudicarle varios tramos en la construcción de la carretera Interoceánica Sur, además de por otro caso de compras inmobiliarias mediante la empresa Ecoteva.
Su esposa, Eliane Karp, quien residía junto a él en Estados Unidos, viajó en mayo a Israel, aunque cuenta con una solicitud de arresto y órdenes de captura nacional e internacional.
En 2013, a raíz de la compra de varios inmuebles a nombre de la madre de Karp, Eva Fernerburg, y a través de la empresa Ecoteva, la Fiscalía abrió una investigación por un presunto caso de lavado de activos.
Posteriormente, el Ministerio Público acusó a Toledo de haber recibido sobornos a cambio de la concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, y consideró que parte de ese dinero fue transferido a Ecoteva y se usó para comprar los inmuebles.