Susana Castañeda, jueza del Supremo de Perú, resolvió reducir la prisión preventiva contra Keiko Fujimori a 18 meses, que se cumplirán el 30 de abril de 2020.
La dirigente se investiga por los presuntos aportes de la empresa brasileña Odebrecht a sus campañas de 2011 y 2016.
Castañeda emitió su voto dirimente en el recurso de casación presentado por la defensa de Fujimori ante la Corte Suprema de Justicia.
También se redujo la prisión preventiva contra el ex asesor Pier Figari. Además, se benefició el ex jefe de campaña Jaime Yoshiyama de 36 a 18 meses.
El basamento legal
La jueza explicó que los 36 meses de prisión preventiva dictada para Fujimori, Figari y Yoshiyama corresponde a casos de crimen organizado. Sin embargo, no es posible establecer una diferencia entre el peligro de fuga y el de obstaculización a la justicia, invocados por la Fiscalía.
Castañeda resolvió también la excarcelación de Luis Mejía Lecca, ex tesorero del partido Fuerza Popular, y dictarle comparecencia e impedimento de salida del país.
Mejía Lecca es uno de los colaboradores de la Fiscalía. Se presume han entregado información sobre la recaudación de fondos realizados durante la campaña electoral de 2016.
Allí se habrían registrado los aportes de Odebrecht como procedentes de sus simpatizantes.
Un sobrino de Yoshiyama confesó al fiscal del caso, José Domingo Pérez, que su tío le pidió buscar a amigos para ingresar 800.000 dólares, en efectivo, a las cuentas del partido. Quería que se vieran como supuestos aportes de campaña.
Jorge Barata, ex superintendente de Odebrecht en Perú, declaró al fiscal Pérez que entregó un aporte de un millón de dólares para la campaña de Keiko Fujimori en 2011.
La jueza Castañeda fue convocada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema para dirimir el recurso de casación presentado por la abogada de Fujimori, Giuliana Loza. Cinco de los seis jueces de la sala rechazaron la excarcelación. Tres de ellos votaron a favor de reducir la medida a 18 meses.