Un juez federal en Estados Unidos prohibió este viernes la separación de familias migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, una práctica de disuasión implementada por el gobierno del entonces presidente Donald Trump (2017-2021).
El magistrado Dana Sabraw aprobó definitivamente un acuerdo entre el Departamento de Justicia de EE UU y la organización proderechos civiles ACLU, que impide a las autoridades separar a los menores de edad de sus padres, salvo por motivos médicos o de seguridad.
La decisión de este viernes también da luz verde a algunos beneficios a las familias que se vieron afectadas por la política de separación de Trump, como vivienda y un estatus migratorio temporal en Estados Unidos.
El acuerdo beneficiará a unas 5.000 familias y entrará en vigor el 11 de diciembre, detalló ACLU, que presentó la demanda en 2018.
«Este acuerdo es un paso fundamental hacia el cierre de uno de los capítulos más oscuros de la administración Trump. Los bebés y los niños pequeños fueron literalmente arrancados de los brazos de sus padres bajo esta horrible práctica», dijo el abogado de ACLU que encabezó la demanda, Lee Gelern, en un comunicado.
El pacto aprobado este viernes también incluye procesos mediante los cuales el Ejecutivo debe proporcionar información a los familiares que ya hayan sido separados y fija los canales mediante los cuales los padres o tutores pueden comunicarse con el pequeño, además de precisar las circunstancias bajo las cuales el gobierno debe reunificar a la familia cuando la situación lo permita.
BREAKING: A federal court approved a historic settlement in our years-long lawsuit on behalf of thousands of children and parents who were forcibly torn from each other at the border under the Trump administration’s illegal family separation policy.
— ACLU (@ACLU) December 8, 2023
5.500 menores de edad fueron separados de sus familias
Trump, que busca volverse a presentar en las presidenciales de 2024, promulgó una política de «tolerancia cero» en la frontera, que imputaba con cargos criminales a los adultos que cruzaran a territorio estadounidense de manera irregular.
Los menores de edad, que no podían estar por ley en una cárcel federal, eran por lo tanto separados de sus padres y quedaban en manos de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS por sus siglas en inglés).
Unos 5.500 menores de edad fueron separados de sus familias en la frontera como parte de la política antimigratoria de Trump. La mayoría de ellos ya han sido reunificados con sus familias, aunque aún quedan centenares que siguen bajo la tutela del gobierno.
A septiembre de 2023, un grupo de trabajo creado por el gobierno actual para abordar este problema había logrado reunir a más de 760 niños con sus familiares, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
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