Un juez peruano debe decidir este domingo si envía o no a prisión preventiva por 36 meses a la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, acusada por la fiscalía de ser parte de una supuesta red de corrupción dirigida desde el palacio de gobierno.
El magistrado Johnny Gómez Balboa resolverá si acoge o desestima el pedido de prisión contra la cuñada de Castillo por formar parte de una supuesta red liderada por el mandatario izquierdista para adjudicar en forma irregular contratos de obras públicas, según la fiscalía.
El fiscal del caso, Jorge García Juárez, esperaba una decisión hace un par de días, pero el juez se ha tomado más tiempo argumentando que se trata de «un caso complejo».
Paredes arriesga una condena de 23 años de prisión. La última semana compareció dos veces ante el juez, en forma presencial y virtual, al comenzar una maratón de audiencias judiciales de Castillo y su familia.
El lunes 5 de septiembre el presidente debe comparecer ante la fiscalía y su esposa, Lilia Paredes, ante un juez.
Castillo, quien es maestro rural, igual que su esposa, niega que su familia haya cometido delitos y dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.
Afirma que su esposa y su cuñada «van a demostrar que no han robado un centavo al Perú».
Inédito allanamiento
Yenifer Paredes, de 26 años de edad, considera a la pareja presidencial como sus «padres». Permanece en prisión preliminar en un cuartel policial en Lima desde el 10 de agosto, un día después de que el palacio de gobierno fuera allanado por fiscales y policías, algo inédito en el país, con el fin de arrestarla.
Castillo reemplazó este sábado a tres miembros de la cúpula de la Policía de Perú, incluido su comandante general, lo que fue interpretado por políticos opositores como represalia por el allanamiento, calificado de ilegal por el mandatario.
Busca, además, destituir al coronel Harvey Colchado, quien dirigió el allanamiento, por considerar que vulneró la inmunidad presidencial.
Tras la remoción de los tres generales, el Congreso, dominado por la oposición, decidió citar al ministro de Interior, Willy Huerta, «para que dé cuenta de los motivos que dieron origen a estos cuestionados cambios», anunció la jefa del Parlamento, Lady Camones.
El viernes, el jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, afirmó que el gobierno está de acuerdo con las investigaciones de la fiscalía, pero deben hacerse «con objetividad, no con ánimo de persecución».
Castillo está citado a la fiscalía para responder por la abrupta salida, el 20 de julio, del ministro del Interior, Mariano González, quien se mantuvo apenas dos semanas en su cargo.
También será interrogado sobre un supuesto tráfico de influencias en la petrolera estatal PetroPerú.
De 52 años, el presidente ha declarado dos veces en la fiscalía: el 17 de junio por supuestos sobornos en contratos de obras públicas y el 4 de agosto por presuntos ascensos irregulares en las fuerzas armadas.
En tanto, la primera dama debe comparecer ante el juez Raúl Justiniano Romero en una audiencia en que los fiscales fundamentarán un pedido para prohibirle que salga del país durante tres años.
Esta solicitud incluye a dos de sus hermanos: Walter y David Paredes.
La esposa de Castillo, de 49 años de edad, fue interrogada por la fiscalía el 8 de julio. Días después acudió a una citación del Congreso, pero se negó a responder las preguntas por recomendación de su abogado.
Seis investigaciones
En sus 13 meses en el poder, Castillo ha vivido bajo el cerco de la fiscalía y el pertinaz asedio de un Congreso dominado por la derecha, que exige su renuncia.
Ha sobrevivido a dos intentos de destitución por parte del Parlamento y la fiscalía no puede llevarlo a juicio hasta el fin de su mandato, el 28 de julio de 2026, pues tiene inmunidad.
El mandatario enfrenta seis investigaciones de la fiscalía, algo también inédito para un presidente en ejercicio en Perú.
Sin embargo, este tipo de acusaciones de supuesta corrupción no son nuevas en el país andino, pues situaciones similares condujeron a la caída del presidente derechista Pedro Pablo Kuczynski en 2018 y del centrista Martín Vizcarra en 2020.
Como Castillo, ambos expresidentes tuvieron recurrentes choques con el Congreso, que era controlado por sus adversarios.