María Eugenia Choque y Antonio Costas Sitic, ex presidenta y ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, respectivamente, además del ex vocal Edgar Gonzáles, deberán guardar reclusión, la cual fue dispuesta este martes por un juez a causa de las denuncias de fraude en las elecciones generales.
El fiscal Ronald Chávez declaró que las ex autoridades guardarán reclusión por seis meses en distintas cárceles del país mientras que dure el proceso investigativo.
La decisión de la justicia responde a la fundamentación que hizo la Fiscalía con base en el informe de auditoría que elaboró la OEA y que determinó que hubo irregularidades en el proceso electoral del 20 de octubre.
La acusación de la Fiscalía se basó, asimismo, en los testimonios de dos testigos considerados primordiales. Estos refirieron las anomalías durante el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, así como del proceso electoral en general.
Los ex vocales electorales fueron acusados por delitos como falsificación de documentos, uso de instrumento falsificado y manipulación informática, además de incumplimiento de deberes, falsedad material e ideológica, entre otros.
Ahora la Fiscalía analizará la situación de la ex vocal Lucy Cruz Villca que se presentó voluntariamente a declarar. Esta deberá someterse a una audiencia de medidas cautelares este miércoles.
Mientras tanto, se busca a los ex vocales Lidia Iriarte Torrez e Idelfonso Mamani Romero, pues sobre estos hay órdenes de aprehensión.
Todavía quedan pendientes algunos actos de investigación como allanamientos y algunas aprehensiones, mencionó el fiscal, aunque sin dar más detalles al respecto.
La OEA difundió el domingo un informe en el que advirtió de graves irregularidades en las elecciones del 20 de octubre tras las que Evo Morales fue dado como vencedor para un cuarto mandato consecutivo hasta 2025.
El organismo recomendó, a su vez, que la justicia de Bolivia establezca responsabilidades sobre los que incurrieron en esas anomalías.
En aquella misma jornada la Fiscalía General de Bolivia libró órdenes de aprehensión contra todos los vocales nacionales y departamentales del tribunal electoral boliviano.