Un juez federal dictaminó este martes que el gobierno estadounidense no puede recurrir a la norma sanitaria que usa para bloquear la entrada de migrantes que solicitan asilo en las fronteras terrestres.
Emmet Sullivan estima que el llamado Título 42, que se ha utilizado para expulsar a cientos de miles de personas que cruzan la frontera desde México, es una medida «arbitraria» que viola las normas federales.
Instaurado al inicio de la pandemia bajo el gobierno de Donald Trump, el Título 42 habilita la expulsión de adultos solteros y familias que crucen sin autorización las fronteras terrestres de Estados Unidos para frenar el avance del virus.
El fallo deja al gobierno con pocas herramientas para impedir la entrada de migrantes en la frontera sur con México, la mayoría de los cuales piden asilo.
En respuesta a la decisión, el Departamento de Seguridad Nacional presentó una moción solicitando que la decisión del martes se suspenda por cinco semanas, hasta la medianoche del 21 de diciembre, enfatizando que se trataría de una medida transicional.
«El retraso en la implementación de la orden de la corte le permitirá al gobierno prepararse para una transición ordenada hacia nuevas políticas en la frontera», explicó el departamento en un comunicado.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos dio cuenta de 185.527 migrantes interceptados a lo largo de la frontera con México en octubre, un aumento de 1,5% en un mes. Muchos, si no la mayoría, fueron rechazados por el Título 42.
El número de migrantes de Venezuela, Cuba o Nicaragua que intentan cruzar la frontera terrestre ha aumentado 149% con respecto a octubre de 2021, mientras que el de los procedentes de México y el norte de Centroamérica ha bajado 12% desde esa fecha, según datos oficiales.
Sullivan también ordenó que el gobierno no pueda solicitar que se suspenda el fallo para bloquear su aplicación, lo que significa que las autoridades tendrán que apelarlo ante un tribunal superior si quieren que siga vigente.
El fallo se basó en una demanda presentada en enero por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (Aclu), que acusa al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a la Patrulla Fronteriza de «expulsión sumaria» de familias vulnerables que buscan asilo y que no muestran signos de infección por covid.
«La vida o la muerte»
«Esta es una gran victoria y una en la que está literalmente en juego la vida o la muerte», dijo el abogado de Aclu, Lee Gelernt, al frente de la demanda.
«Llevamos diciendo todo el tiempo que usar el Título 42 contra los solicitantes de asilo era inhumano y estaba impulsado puramente por la política. Esperemos que este fallo termine con esta política horrible de una vez por todas», añadió en un comunicado.
En Ciudad Juárez, ciudad mexicana fronteriza con Estados Unidos, varios migrantes venezolanos aplaudieron la decisión del juez.
«Estamos súper alegres por esta noticia, eso no quita que debemos de esperar qué es lo que procede, qué mecanismos van a aplicar hacia nosotros para poder entrar a Estados Unidos», dijo Edixon Sierra, un migrante de 31 años que lleva 11 días en la ciudad.
«Dios metió su mano en eso y yo sé que todo va a ser real. Y, bueno, tenemos todos la misma fe, la misma lucha por todo lo que hemos pasado, todo el frío, toda el hambre, todo, los niños, todo, todo», dijo por su parte Juan Carlos Hernández, migrante de 45 años que lleva un mes en Ciudad Juárez.
El fallo llega seis meses después de que un juez de Louisiana dictaminara en respuesta a otra demanda que el gobierno del presidente Joe Biden no podía abandonar la política.
El gobierno aplicó el Titulo 42 heredado de Donald Trump antes de intentar eliminarlo.
Los gobernadores republicanos de una veintena de estados intentaron impedirlo con acciones legales por considerar que el levantamiento de esta medida provocaría un repunte de los cruces fronterizos, cuando ya se rompió el récord de 2,3 millones de interceptaciones de migrantes este año hasta el 22 de septiembre.
La crisis migratoria es un tema que enardece los ánimos, como se ha visto durante las elecciones de medio mandato celebradas la semana pasada.
El Título 42 permite la expulsión inmediata de cualquier extranjero o no residente que intente ingresar al país sin visa.
No existe un proceso legal ni una expulsión formal al país de origen. Y los agentes fronterizos pueden invocarlo para expulsar a una persona sin el largo proceso de entrevistas que generalmente se requiere.
Pero, a diferencia de una expulsión regular, no prohíbe volver a intentar entrar a Estados Unidos.
Aaron Reichlin-Melnick, director de políticas del Consejo Estadounidense de Inmigración, estima que el Título 42 ha sido «una política de gestión fronteriza fallida que causó caos a lo largo de la frontera».