La defensa del rey emérito de España, Juan Carlos de Borbón, aseguró el miércoles, durante una vista judicial en Londres, que la demanda por acoso presentada por su examante no se sostiene, por carecer de pruebas y basarse en «puras especulaciones».
La danesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn –divorciada de un príncipe alemán y también conocida por su apellido de soltera Larsen– presentó en 2020 una demanda civil en Londres que aún se encuentra en estadios previos al inicio de un juicio.
Denunció amenazas, intrusiones, seguimiento, pirateo y difamación por parte del exrey para recuperar un «regalo» de 65 millones de euros (73 millones de dólares) tras haber roto la relación extramatrimonial que mantuvieron entre 2004 y 2009 y que ella se negó a reanudar en 2012.
Según Adam Wolanski, abogado de Juan Carlos, la empresaria de 58 años reclama 126 millones de libras (165 millones de dólares, 146 millones de euros) por daños psicológicos y negocios perdidos como consecuencia del «acoso».
En el segundo de cuatro días de vistas preliminares, Wolanski desmontó uno por uno los hechos denunciados por Larsen desde el 16 de octubre de 2014, cuando él afirma que termina el periodo de prescripción aunque la demandante lo impugna.
Esta es una de las cuestiones previas que la jueza Rowena Collins Rice, de la Alta Corte de Londres, tendrá que dirimir tras las vistas, en un fallo que posiblemente anuncie tras las vacaciones estivales.
Jonathan Caplan, abogado de la empresaria danesa, denunció «un amplio intento» por parte de Juan Carlos «de evitar un juicio inevitable».
«No tiene pruebas»
En su demanda, Larsen detalla presiones del exrey para que lo acompañase a fiestas y pagase con su dinero la decoración de un apartamento para él en Londres, denuncia que la difamó ante sus amigos y clientes y contactó con su secretaria y su chófer buscando obtener información sobre sus movimientos.
Es todo «pura especulación», afirmó Wolanski. «No tiene pruebas (..) de que el demandado trató de causarle angustia mental o emocional» y tampoco «daño físico».
Larsen asegura asimismo que el exrey le insinuó haber hablado sobre ella al príncipe saudita Mohamed bin Salmán, haciéndole entender que la había acusado de «robar su dinero».
En agosto de 2008, el ministerio de finanzas de Arabia Saudita pagó 100 millones de dólares a una cuenta en el banco Mirabaud de Ginebra de la Fundación Lucum, vinculada a Juan Carlos.
En junio de 2012, esta fue cerrada y su saldo, 65 millones de euros, fue transferido a Larsen, constituyendo lo que ya se conoce como el «regalo Lucum», según la fiscalía suiza, que investigó la operación pero no la procesó.
«Todo es muy vago», fustigó el abogado del exrey, asegurando que «esto no es acoso» sino disputas entre examantes.
Pero Caplan defendió que no son los actos individuales en sí, «que pueden parecer triviales», si no su repetición y su acumulación, lo que conforma «una conducta de acoso», que provocó un profundo sufrimiento psicológico a su cliente.
«Tirar de la alfombra»
Para la defensa de Juan Carlos, los actos ocurridos en lugares como Abu Dhabi, Riad, Los Angeles, Austria, las Bahamas o España no pueden juzgarse bajo ley británica de protección contra el acoso por falta de jurisdicción.
Además, muchas de las presuntas acciones de «acoso» son atribuidas a otras personas que Juan Carlos, subrayó Wolanski.
«La demandante intenta culpar al demandado de todo lo que le ha pasado en la vida con lo que no estaba contenta, independientemente de quién lo hiciera», afirmó.
El abogado aseguró también que para justificar actos de hostigamiento ocurridos tras la abdicación del rey de España en junio de 2014, en favor de su hijo Felipe VI, Larsen necesita hacer referencia a actos anteriores.
Sin embargo, estos fueron excluidos del caso en diciembre por el Tribunal de Apelación británico quien consideró que, en su calidad de monarca, gozaba de «inmunidad» judicial hasta entonces.
Esto «tira de la alfombra bajo el caso» y «toda la estructura se desploma», afirmó Wolanski.
Caplan debe proseguir su argumentación el jueves, buscando impugnar la cuestión sobre la jurisdicción.