El fiscal general, Raúl Melara, anunció que investigará las negociaciones entre el gobierno de El Salvador, Nayib Bukele y la Mara Salvatrucha (MS-13). Los pactos se han dado para reducir homicidios y hacer favores electorales a cambio de privilegios, según lo reveló el periódico digital El Faro.
«Si nosotros descubrimos legalmente, y luego de las investigaciones que haga la Fiscalía, que hay personas que están aprovechando para negociar con pandilleros, los vamos a procesar. No importa quién sea», dijo Melara.
Sin embargo, el fiscal general tildó de «rumores» la publicación del medio digital. El Faro logró documentar con los libros de novedades y reportes de inteligencia penitenciaria que desde hace un año han existido reuniones. Estas se han dado entre funcionarios del Ejecutivo con jefes de pandillas recluidos en algunos centros penitenciarios.
«Hay políticos y expolíticos procesados por negociaciones con pandillas. Han surgido rumores que se está dando nuevamente esta situación y vamos a investigar. Nadie puede aprovecharse de la institucionalidad para negociar con terroristas», reiteró el fiscal general.
De acuerdo con la publicación, el gobierno del presidente Bukele en El Salvador ha mantenido negociaciones con la pandilla MS-13 desde que llegó al poder en junio de 2019. Los documentos señalan ingresos irregulares del director de Centro Penales, Osiris Luna, a dos cárceles de máxima seguridad. A ellas acudió acompañado de encapuchados sin identificar, para sostener reuniones con cabecillas de la pandilla.
Otros involucrados
El Faro documentó unas 14 de esas reuniones. Señaló que, además, el director de Tejido Social, Carlos Marroquín, habría participado en algunas de ellas.
Marroquín sostuvo un encuentro con pandilleros en 2015, cuando Nayib Bukele era alcalde de San Salvador. El actual ministro de Gobernación y candidato a alcalde capitalino por Nuevas Ideas, Mario Durán, también acudió a ese encuentro.
Por esas reuniones, en 2019 un juez recomendó a la FGR incluir a Marroquín y Durán en una investigación sobre negociaciones de políticos con pandillas.
De acuerdo con la investigación periodística basada en documentos oficiales, uno de los beneficios que el gobierno ha cedido a los pandilleros es permitir la venta de comida rápida en las prisiones. Asimismo, se les ha permitido trasladar a algunos custodios que los pandilleros consideraban «agresivos».
Además, dio marcha atrás a la medida de mezclar a miembros de pandillas rivales en las celdas, una de las medidas más reivindicadas por el gobierno este año.
El acuerdo, afirmó El Faro, también contendría una promesa de los funcionarios a los pandilleros. «Reblandecer el régimen de máxima seguridad, derogar leyes y dar a los pandilleros beneficios en caso de que el Gobierno logre control del Legislativo» luego de las elecciones de 2021 en El Salvador.
Bukele lo niega
Desde la noche del jueves, Nayib Bukele negó las negociaciones. El mandatario publicó una serie de tuits en los que se desligó de la situación: «¿Por qué no hay videos, fotos, audios, investigaciones formales, juicios, requerimientos fiscales, ni nada, de la supuesta tregua?», publicó.
«¿Nos acusan de violar derechos humanos de los terroristas y ahora dicen que les damos privilegios?», agregó y pidió pruebas de «uno solo» de los privilegios recibidos por los pandilleros.
El director de Centros Penales también reaccionó a la publicación. Dijo que se trata de una noticia «tendenciosa». También que esta «quiere llegar a hacer politiquería para desvirtuar un Plan Control Territorial que se ha hecho con todas las de la ley y con todas las fuerzas vivas del país».
Luego organizó una visita guiada a un grupo de periodistas para que pudieran «constatar» que el Gobierno no ha dado beneficios a los pandilleros recluidos.
Mientras tanto, Carlos Marroquín no se enfocó en la veracidad de los documentos que sustentan la nota. Por el contrario, los atribuyó a funcionarios que quedaron de la administración anterior. «La nota es muy tediosa, ni la leí», señaló.
Los datos oficiales revelan que entre el primero de enero y el 2 de septiembre hubo 829 homicidios, una reducción de 56% en relación al periodo del año pasado.
En 2012, el gobierno del expresidente Mauricio Funes negoció con los cabecillas de la MS-13 y las dos facciones del Barrio 18 una reducción drástica de los homicidios. A cambio se les otorgaron beneficios carcelarios. Por ese pacto, hay exfuncionarios procesados en los tribunales.