A Raúl Morodo, embajador de España en Venezuela durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se le acusa de un caso de corrupción que ya involucra a su familia.
Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, acordó librar una nueva comisión rogatoria a Portugal. Esta medida es para aclarar el origen de 480.000 euros que la consuegra del embajador transfirió a su hija y que ella, tras devolverle 225.000, utilizó para la compra de una vivienda en Portugal.
Este caso se incluye al llevado por la Fiscalía Anticorrupción. El expediente apunta a aclarar qué se utilizaron más de 4,5 millones de euros que el hijo del ex embajador, Alejo Morodo, facturó a Pdvsa por contratos carentes, hasta la fecha, de toda justificación real y lógica comercial, reseñó el diario ABC.
Luego de pasar por Suiza, Panamá y Portugal, los fondos acabaron en la familia y en las cuentas de algunos de sus socios: ocho personas cuyos movimientos bancarios están bajo la lupa porque se movieron hasta 35 millones de euros entre 2010 y 2018.
Dichas investigaciones han venido engordando desde el año 2015, cuando hubo la primera acusación.
Entre los delitos están blanqueo, corrupción en las transacciones comerciales internacionales, falsedad documental y contra la Hacienda Pública y el origen ilícito.
Alejo facturaba a Pdvsa, en teoría, por servicios de asesoramiento en un entramado societario. La Fiscalía cuestiona la veracidad de esos negocios.
La investigación sitúa al embajador, de 84 años de edad, como beneficiario de los fondos provenientes de Pdvsa, transferidos por su hijo.
Cuando el juez le preguntó al respecto, solo reconoció que Alejo desempeñaba trabajos para la petrolera y que le había prestado en torno a 84.000 euros, una cantidad lejana a la cifra que apuntan los investigadores.
Hacienda señaló que hubo dos grandes ingresos. El primero, de medio millón de euros a una cuenta de Alejo por parte de Pdvsa; más otros 604.143 euros en una segunda cuenta de la que ambos eran beneficiarios.
Los fondos se gastaron con cheques al portador y extracciones en efectivo.
Además, en la investigación se implican a las esposas de los consanguíneos, Cristina Cañeque de Sola y Ana Catarina Varandas.
Cañeque de Sola, resultó tener a su nombre haberes millonarios cuyo origen aún está por aclarar.
«Pese a no realizar actividad laboral alguna, consta como administradora de diversas sociedades utilizadas por su marido y su hijo para canalizar sus bienes y patrimonio», dice parte de la querella de Anticorrupción.
Consultado por estos hechos, Morodo dijo al juez que su mujer participaba en esas empresas por herencia familiar.
A Cañeque de Sola le encontraron, además, saldos de 6,4 millones de euros en 3 cuentas bancarias en Suiza que fueron abiertas en 2008.
Aunque había declarado el patrimonio, el juez sigue investigando en Suiza de dónde salió el dinero.
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