A 16 años de la llegada a Argentina del empresario venezolano Alejandro Antonini Wilson con una valija cargada con casi 800.000 dólares, comenzó el miércoles el juicio oral por el contrabando de divisas. Allí los acusados Julio De Vido, exministro de Planificación, y Ricardo Echegaray, exjefe de la Aduana, reclamaron ser sobreseidos, pidieron declarar nula la acusación fiscal y además argumentaron que si el dinero era para la campaña electoral de Cristina Kirchner, el caso se debería tramitar en la justicia electoral, y no como un contrabando de divisas.
Echegaray, que actúa además como abogado en causa propia, dijo que nunca pudo encubrir la llegada del vuelo con la valija, que arribó al país la madrugada del domingo 4 de agosto de 2007, pues cuando eso ocurría él estaba durmiendo. “Yo esa noche estaba durmiendo, todo había transcurrido” dijo y más tarde agregó: “¿Como pude encubrir? ¿Por telepatía?”.
Entre los acusados se encuentra además el exsecretario Claudio Uberti, que permaneció callado en la primera audiencia, y ex funcionarios aduaneros. Antonini Wilson, venezolano- norteamericano que vive en Miami, está con pedido de extradición por la justicia argentina, pero nunca fue enviado al país. Por eso es que no está sentado en el banquillo de los acusados.
El caso, que provocó un escándalo mayúsculo, se inició pasadas las 2:00 am del 4 de agosto de 2007, cuando Antonini Wilson llegó a la zona de arribos de vuelos privados del aeroparque Jorge Newbery con una valija con 790.550 dólares, que después se supo que estaban destinados a la campaña electoral del kirchnerismo. El jet, que traía también a funcionarios, venía de Venezuela y había sido contratado por la empresa Energía Argentina SA (Enarsa).
Entre los ocho pasajeros estaban Uberti, que era el titular del Órgano de Control de Concesiones Viales, y Exequiel Omar Espinosa, presidente de Enarsa, que no es parte del juicio, pues el fiscal pidió medidas de prueba adicionales.
Los imputados son Uberti, que declaró como arrepentido en el caso de los cuadernos de los sobornos, además de Rosa García, Guillermo Lucangeli, Jorge Lamastra y María Gallini.
Todos los protagonistas venezolanos del escándalo, sin embargo, no participarán en el juicio oral. Entre ellos el entonces gerente general de la petrolera estatal venezolana, Pdvsa, Diego Uzcátegui, y su hijo, Daniel, quien voló aquella noche desde Caracas junto con Guido Alejandro Antonini Wilson.
En el inicio del juicio los abogados de Julio de Vido, Mariano Rusconi y Gustavo Palmeiro, plantearon que se debía declarar nula la acusación fiscal por la cual se realizó la elevación a juicio del caso, y solicitaron que se lo excluya de inmediato del proceso. Entienden que es manifiestamente evidente que no hay evidencias de la responsabilidad de su cliente.
Vehemente, Rusconi admitió que el hecho de la llegada de la valija con dinero fue un escándalo, pero dijo que falta en el juicio el principal sospechoso: Antonini Wilson.
Rusconi dijo a los jueces que la expectativa pública construida por los medios quiere que condenen a su cliente, por lo que los exhortó a ser valientes en su decisión. Los abogados plantearon lo que se llama las cuestiones previas en el juicio oral. Argumentaron que se debe aplicar la excepción por falta de acción por inexistencia de delito en cuanto a De Vido, la nulidad de la acusación fiscal y que se violó la garantía de ser juzgado en un plazo razonable dado que pasaron 16 años desde los hechos.
Dijo que el hecho de que De Vido fuera ministro, no lo coloca en la cabeza de las decisiones de esta organización que la Fiscalía describe como creada en el interior Estado para permitir la importación del dinero. Dijo que de manera urgente hay que sacar a De Vido del caso, pues no se pude probar que haya tenido algo que ver con el delito que se investiga.
Finalmente Rusconi dijo que no hubo delito pero que en todo caso la hipótesis debería haberse investigado en la justicia electoral porque una posible sospecha fue que esos fondos eran para el financiamiento de una campaña electoral, en alusión a la de Cristina Kirchner. Y que en todo caso, como se efectuó en el caso de los cuadernos de la corrupción, el fuero que debería haber sido el que investigue es el electoral.
A este planteo adhirió Echegaray.
Palmeiro reiteró que en el juicio faltan imputados que no están a derecho por Antonini Wilson, y que además se violó la garantía de De Vido de ser juzgado en un plazo razonable.
Luego fue Echegaray quien hizo los planteos de tres cuestiones previas: dijo que debe ser sobreseído sin necesidad del juicio porque es palmaria la evidencia de que no cometió ningún delito- Pidió la nulidad del auto de elevación a juicio y el sobreseimiento porque se excedió el plazo razonable para su juzgamiento.
Dijo que 11 años después del hecho, el 18 de octubre de 2018, fue citado a indagatoria y que la acusación en ese momento no es la que enfrenta ahora en el juicio, es decir que no hubo congruencia entre ambas. Y que en ese momento se defendió de acusaciones que son las que enfrenta ahora en el proceso, donde debe responder por el delito de encubrimiento.
Dijo que el proceso debía terminar ahora para él porque esta situación es una causal de nulidad absoluta. Además solicitó su sobreseimiento porque dijo que introdujo como prueba nueva un expediente del juez administrativo que intervino en el caso, que lo desliga del delito del que se lo acusa. Dijo que ese expediente derrumba los argumentos de la Fiscalía.
Y dijo que esa noche estaba durmiendo cuando se sucedieron los hechos en aeroparque y que luego fue informado de ellos dada la magnitud de la infracción descubierta con casi 800.000 dólares.
Los jueces que desarrollan el juicio de manera virtual son los integrantes del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1, Diego García Berro, Ignacio Fornari y Luis Losada, que actúa como subrogante. Losada presidió la audiencia que dijo que continuará el miércoles próximo para resolver el pedido de incompetencia y que el caso pase a la justicia electoral. Si lo rechazan, se estima que el juicio podría extenderse durante un año y que incluirá la citación de al menos 100 testigos. El fiscal a cargo de la acusación es Marcelo Agüero Vera.
El hecho se descubrió cuando la entonces agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectó que varios pasajeros del Learjet enfilaron hacia los autos con valijas, sin pasar por los controles. Fue entonces que exigió que todo el material -o lo que todavía quedaba- pasara por un escáner.
El decomiso de casi 800.000 dólares se mantuvo oculto durante las siguientes 60 horas, período en el que Uberti se reunió de urgencia con el entonces presidente Néstor Kirchner en la Quinta de Olivos y con el propio Antonini en su hotel, en tanto que Antonini ingresó a la Casa Rosada, donde presenció un acto que protagonizaron Kirchner y Chávez.
Tras el estallido del escándalo, sin embargo, Antonini huyó a Uruguay y de allí a Estados Unidos, donde colaboró con el FBI. Meses después, en diciembre de 2007, cuatro venezolanos y un uruguayo fueron detenidos en el estado de Florida, acusados de intentar su silencio con más millones de dólares, en bolsos. Tres de ellos se declararon culpables; el restante fue declarado culpable y enviado a prisión.
Todo se descubrió por la insistencia de la integrante de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) María Luján Telpuk, quien le ordenó a Antonini que abriera la valija. Fue así como se encontró el dinero. Telpuk ganó fama -protagonizó una tapa de Playboy y tuvo un lugar destacado en Showmatch- y comenzó una incipiente carrera como actriz. Más tarde terminó lanzando una línea de equipaje y atendiendo su centro de estética en Santa Fe.
El venezolano radicado en Miami terminó siendo juzgado en Estados Unidos y quedó en libertad en Miami a cambio de su testimonio. Vive en Key Biscayne y declaró que el dinero lo enviaba el gobierno de Hugo Chávez para la campaña electoral del kirchnerismo. Nunca fue extraditado a la Argentina.
Los imputados están acusados de «tentativa de contrabando de importación de divisas, agravado por la concurrencia de tres o más personas y por la intervención de funcionarios, tanto nacionales en ejercicio o en ocasión de sus funciones, como funcionarios aduaneros encargados del referido control y en concurso ideal con el delito de receptación de dinero con el fin de aplicarlo en una operación de lavado de activos”.
Durante el juicio oral que se celebró ante una Corte Federal de Miami, además, quedó probado que al menos 4,2 millones de dólares salieron de las arcas de Pdvsa en dos valijas y se cargaron en el avión. Y según grabaciones del FBI y declaraciones de los protagonistas, su destino era la campaña de Cristina Kirchner a la Presidencia.
El hombre sospechado de haber llevado esas valijas al avión fue el entonces gerente de Seguridad de Pdvsa, Rafael Reiter, según reconstruyó La Nación con base en testimonios de fuentes argentinas y venezolanas. Años después, emigró a España, donde fue detenido y acusado de lavado de activos, mientras que la justicia de Estados Unidos requirió su extradición por su papel en un esquema de corrupción que ya registra condenados.
Los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, cabe aclarar, jamás colaboraron con la justicia argentina, a diferencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que sí respondió exhortos por la vía diplomacia, aunque denegó cualquier intento por extraditar a Antonini Wilson, quien reside en Key Biscaine.
En la Argentina, en tanto, la investigación estuvo a un paso de prescribir, en tanto que Echegaray reclamó su sobreseimiento el mes pasado. Argumentó que se violaba la garantía constitucional para ser juzgado en un plazo razonable, planteo que reiteró este jueves en la audiencia ante el tribunal oral.
Tanto Echegaray como los protagonistas del caso Antonini acumularon traspiés judiciales durante los últimos años. Uberti se acogió al régimen del arrepentido en la llamada causa Cuadernos y declaró cómo transportaba bolsos de dinero para Kirchner. Por su parte, De Vido fue condenado por la tragedia de Once y la compra de trenes chatarra a España y Portugal, mientras que Echegaray lo fue por defraudación al Estado en el caso Oil.
¿Qué pasó con los 790.550 dólares que nadie reclamó como propio tras el decomiso durante más de una década? Se destinó a construir dos Espacios de Primera Infancia (EPI) en Tafí Viejo, Tucumán, y en Oberá, Misiones.
Los 800.000 dólares de la valija de Antonini Wilson estuvieron casi una década en una bóveda del Banco Nación sin que nadie los reclamara. De hecho, si alguno de los pasajeros del avión hubiera reconocido como propia la valija, podría haber pagado una multa y haberse llevado el dinero.
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