El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la autorización del registro de la vivienda en Florida de Donald Trump tras descubrir que el expresidente había tenido en esa mansión y club social de cara al Atlántico, y a la que durante su mandato llamó «la Casa Blanca de invierno», por lo menos 25 documentos de «máximo secreto».
Así se desprende de la divulgación este viernes del documento parcialmente editado remitido a un juez federal en el que se detallan las razones expuestas por el FBI para acometer el 8 de agosto un registro en la residencia del expresidente Trump (2017-2021), quien calificó la redada de ilegal y agregó que se trataba de un «ataque político».
La llamada «declaración jurada», cuya edición contenía varias páginas y partes cubiertas para no producir «un impacto adverso en la búsqueda de evidencia relevante por parte del gobierno», como señaló el Departamento de Justicia, estuvo motivada por una investigación criminal a raíz del «indebido retiro y almacenamiento de información clasificada en espacios no autorizados».
«Máximo secreto»
Tras descubrirse que en 14 de 15 cajas que en enero habían sido trasladadas desde Mar-a-Lago y entregadas a los Archivos Nacionales de Estados Unidos había «documentos altamente clasificados entremezclados con otros registros» e incluso «que parecen contener Información de Defensa Nacional» (NDI, por sus siglas en inglés).
Tras el aviso de los Archivos Nacionales al Departamento de Justicia, una posterior inspección del FBI en mayo encontró que había 184 documentos clasificados, incluidos 67 documentos marcados como confidenciales, 92 como secretos y «25 documentos marcados como MÁXIMO SECRETO», según se lee en el documento hecho público este viernes.
Algunos de esos documentos están relacionados con la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, en inglés), una norma de seguridad nacional, y por ende podrían contener información de defensa que estaría protegida por la Ley de Espionaje, se señala en el documento.
Protección de investigación y testigos
El Affidavit (en inglés) se presentó ante el juez federal Bruce Reinhart, con tribunal en Florida y quien firmó el documento que autorizó el registro, para justificar que en las instalaciones de Mar-a-Lago podía encontrarse evidencia pertinente a la investigación en torno a una posible violación a la Ley de Espionaje, obstrucción de la justicia y destrucción de documentos.
En un escrito ingresado también este viernes en la corte, el Departamento de Justicia explicó los fundamentos de las ediciones del documento que, entre otros, tienen que ver con la protección de la identidad de testigos civiles, de los agentes involucrados en la operación y la integridad de la investigación en curso.
Agregó que de ser expuestas las identidades de los testigos, podrían ser objeto de «represalias, intimidación o acoso, e incluso amenazas a su seguridad física».
«La exposición de las identidades de los testigos probablemente erosionaría su confianza en la investigación del gobierno, y casi con seguridad impediría que otros testigos potenciales se presenten en esta investigación y otras», explicó el Departamento de Justicia, que tampoco reveló tácticas de investigación e interrogación.
La difusión de esta declaración jurada había sido solicitada por una docena de medios estadounidenses que argumentaron que el público tenía derecho a saber las causas de esta investigación «sin precedentes» que llevó al FBI a registrar a comienzos de este mes la casa del exmandatario en Florida.
El Departamento de Justicia presentó el jueves al juez Reinhart una versión reducida del Affidavit, no sin advertir en una audiencia el 18 de agosto sobre los riesgos de la divulgación completa del texto, ante lo que el magistrado adelantó que se inclinaba por una publicación parcial del documento.
Pocas horas después de que la Fiscalía presentará el jueves la declaración jurada con las ediciones que estimó pertinentes, el magistrado dio plazo hasta el mediodía de hoy para su divulgación.
Trump: «Es un ataque político»
Tras la publicación este viernes del documento editado, Trump, que encabeza las encuestas de intención de voto entre los republicanos en las elecciones presidenciales de 2024, reaccionó y dijo que no hizo «nada malo» y que lo sucedido es «un ataque político».
«Básicamente hemos sido atacados, fuimos allanados. Abrieron las cajas fuertes, llevaron a muchos, muchos agentes del FBI, todo justo antes de las elecciones de medio mandato» de noviembre, publicó en su red social, Truth Social.
Subrayó que la declaración jurada hecha pública está «muy editada» y sin ninguna mención sobre armamento «nuclear», por lo que tachó lo sucedido de «subterfugio total de relaciones públicas por parte del FBI y del Departamento de Justicia».
A raíz del registro, Trump pidió a una juez federal de Florida el nombramiento de un perito independiente que, entre otras cosas, «supervise» el proceso.