La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador convocó a sus bases a participar en un plantón en apoyo a su máximo líder, Leonidas Iza. El lunes será procesado por la supuesta afectación a un servicio público durante las recientes protestas contra el gobierno.
“Plantón de apoyo y solidaridad con Leonidas Iza, presidente de la Conaie, acusado injustamente por el gobierno que pretende criminalizar la protesta social”, señaló en Twitter la organización indígena.
Recordó que la audiencia tendrá lugar este lunes en el Complejo Judicial de Latacunga, la capital de la provincia de Cotopaxi.
Al líder indígena lo arrestaron el 14 de junio en el sector de Pastocalle, donde grupos de campesinos cerraron una carretera como parte del paro nacional indefinido, que convocó la Conaie contra la política económica del gobierno y la carestía de la vida, una protesta que duró dos semanas.
“Pueblos en alerta en la audiencia de juicio”, añadió la Conaie en su mensaje por la red social. Otras organizaciones sociales también han expresado su temor de una criminalización de la protesta social.
En el proceso se prevé que intervengan el presidente Guillermo Lasso y su ministro del Interior, Patricio Carrillo.
Compromisos y soluciones a las demandas
La protesta indígena, apoyada por sindicatos y otros grupos sociales, concluyó el 30 de junio con un acta de paz suscrita por las dos partes, que contenía compromisos del gobierno y soluciones parciales a las demandas de la Conaie, sobre todo la reducción de 15 centavos en el precio de la gasolina regular y el diésel.
La detención de Iza, en el inicio de la protesta, avivó las manifestaciones, aunque a pocas horas una jueza de Latacunga, tras aceptar como válido el arresto, lo dejó en libertad bajo condiciones de presentarse periódicamente ante el tribunal, mientras continuaba el proceso.
“Vulneraron” sus derechos
Según la defensa de Iza, en su detención se habrían cometido una serie de vulneraciones de derechos constitucionales.
El abogado Carlos Poveda había advertido sobre una detención arbitraria y a la fuerza, y que no se le leyeron sus derechos constitucionales al momento del arresto, como dicta la norma, algo que negó el Ministerio del Interior.
Poco después de su detención, el presidente Guillermo Lasso justificó los arrestos y denunció actos de vandalismo provocados por los manifestantes.
Lasso incluso rompió un proceso de diálogo en el que participaba el mismo Iza, y lo increpó por supuestos intentos desestabilizadores, aunque luego avaló los acuerdos y el acta de paz que puso fin a la movilización social.
Durante los 18 días de protestas, el gobierno declaró en dos ocasiones estado de excepción en ciertas provincias, pero solo se mantiene en vigor en las andinas de Imbabura y Azuay, y en las amazónicas de Sucumbíos y Orellana.
No obstante, el mandatario derogó el toque de queda nocturno que había impuesto en las de Azuay, Sucumbíos y Orellana.