Imputaron a Macri por acuerdo con el FMI

La decisión de un fiscal de imputar al presidente argentino, Mauricio Macri, y parte de su gobierno por abuso de autoridad, al haber firmado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin consultar al Congreso, elevó este martes el desconcierto social con la situación económica y el futuro del país.

Según dijo a EFE el propio procurador, Jorge di Lello, su decisión de impulsar la investigación se debe a la sospecha de que la negociación del Ejecutivo con el FMI -para obtener el crédito de 50.000 millones de dólares concedido en junio pasado- se hizo «de manera irregular» por no tener autorización del Poder Legislativo.

En concreto, el fiscal se basa en la denuncia presentada por el economista y exdiputado de izquierda Claudio Lozano y el abogado Jonatan Baldiviezo, quienes en horas de la madrugada de hoy fueron los encargados de difundir a la prensa la resolución del Ministerio Público, que tiene como firma el 28 de agosto pasado.

«Nuestra constitución establece que es el Congreso el que tiene la facultad únicamente para tomar deuda pública y para hacer convenios con organismos internacionales», contó a Efe Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

Según agregó, el gobierno basó su justificación de tomar unilateralmente la decisión de ir al FMI en que existía una ley de administración financiera de la década de 1990 que autorizaba al Ejecutivo a «realizar acuerdos con organismos internacionales de los cuales Argentina formaba parte para tomar deuda pública».

«Solo que esas delegaciones del Congreso al poder Ejecutivo caducaron en 2010. Lo que está haciendo el gobierno es ocho años después revivir normas que habían muerto jurídicamente», concretó el abogado.

Sobre la firma con el FMI, el oficialismo ya declaró semanas atrás que no es una materia sobre la que el Congreso tenga competencia para decidir.

La investigación de Di Lello, cuyo devenir dependerá de que si el juez federal Julián Ercolini le da el visto bueno, se da en medio de las renegociaciones en Washington entre el gobierno y el FMI para acelerar el cobro de una nueva partida de los 50.000 millones de dólares, tras la entrega de los primeros 15.000 en junio pasado.

Macri reitera que este acuerdo es la vía para lograr salir de la «tormenta» económica que afecta al país y busca con estas nuevas conversaciones hacer frente al agravamiento de la devaluación que sufre el peso desde finales de abril pasado, que está generando grandes desequilibrios y afectando en gran medida a la inflación y a la actividad económica.

Además del jefe de Estado, el fiscal imputó al jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña; al ministro de Economía, Nicolás Dujovne; el presidente del Banco Central, Luis Caputo, y «todo aquél que el devenir de la investigación indique como partícipe o responsable».

«Considero que el análisis realizado por los denunciantes es verosímil y lógico, por lo que entiendo atinado formalizar el impulso de la acción penal y realizar las medidas de prueba que resulten útiles para esclarecer lo sucedido», añadió Di Lello en su dictamen oficial.

Lozano y Baldiviezo habían pedido en su denuncia que hasta que se resuelva la situación legal del acuerdo se suspenda cautelarmente la ejecución del crédito y que el gobierno se abstenga de «futuros retiros o solicitud de fondos» de ese programa y del uso de los fondos de dinero ya transferidos.

Al respecto, el fiscal afirmó a Efe que dejó a criterio de Ercolini decidir si corresponde dictar estas medidas y así evitar los perjuicios económicos y sociales que los denunciantes afirman acarreará el acuerdo -por el ajuste fiscal que implementará el gobierno-, o permitir que siga adelante.

Entre otras diligencias, el miembro del Ministerio Público solicitó al juez que se llame a declaración testimonial al jefe del Gabinete del Ministerio de Economía y a los denunciantes, para que amplíen su exposición.

Por parte del gobierno, el ministro de Justicia, Germán Garavano, indicó que el Ejecutivo siempre brindará la información que las autoridades judiciales le requieran, pero consideró que la decisión fiscal tiene tintes políticos.

«Claramente son acciones que no tienen ningún sustento, que se inscriben en estas denuncias políticas que se han hecho», señaló en declaraciones a Cadena 3, en las que aseveró que son «temas menores» con los que se busca un «momento de fama y tratar de desestabilizar o atacar al gobierno».

Consultado por este tipo de acusaciones, Di Lello rechazó actuar bajo ninguna influencia y aseguró que a lo largo de su trayectoria ha tenido entre manos causas que afectaban, por ejemplo, a la oposición kirchnerista, por las cuales recuerda que también fue criticado.

Si bien la noticia de la imputación no ha tenido un alto perfil en la prensa local ni ha integrado la lista de temas populares en las redes sociales, constituye un elemento más de desconcierto en la opinión pública del país, que, al igual que los mercados financieros, aguarda con incertidumbre en qué quedan las últimas negociaciones y cómo influirán en que la situación económica mejore.

En la mañana de hoy, el peso se recuperaba levemente ante el dólar y el índice Merval de la Bolsa transitaba en un holgado positivo.