El fiscal federal Ramiro González formalizó la noche del jueves la imputación y la apertura de una investigación penal contra el presidente Alberto Fernández por participar del cumpleaños de su esposa, Fabiola Yañez, el 14 de julio de 2020, en violación a su propio decreto que prohibía la reuniones sociales.
“Teniendo en cuenta las características de la denuncia relacionada con el evento del 14/7/21 (…) y a los fines de garantizar debidamente sus derechos de defensa, es que considero que en este estadio del proceso corresponde: formalizar la investigación descripta en los dictámenes aludidos contra el Sr. presidente de la Nación, Dr. Alberto Ángel Fernández”, escribió el fiscal en el expediente.
El texto continúa con la lista de todos los investigados que participaron de los festejos: Fabiola Yañez, Carolina Marafioti, Severina Sofía Elizabeth Pacchi, Florencia Fernández Peruilh, Santiago Basavilbaso, Emanuel Esteban López, Fernando Daniel Consagra, Rocío Fernández Peruilh, Federico Abraham y Stefanía Domínguez.
“En consecuencia, notifíqueselos en los términos de los art. 72, 73, 279 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación”, señala el fiscal, que en la práctica implica notificarlos que quedan imputados, informarles sus derechos en esa calidad y la posibilidad que tienen de declarar.
Media hora antes de esta decisión del fiscal, la Casa Rosada había informado oficialmente que el presidente Alberto Fernández se había presentado en el expediente y ofrecido pagar la mitad de su sueldo durante cuatro meses para reparar el daño y conciliar.
El escrito del presidente está firmado por él mismo como abogado, y la presentación la efectuó “por derecho propio”, prescindiendo de la representación de Gregorio Dalbón, quien durante las últimas jornadas se había expresado ante los periodistas como el abogado del mandatario en esta causa.
Ante la presentación de Alberto Fernández, el fiscal Ramiro González solo dijo “téngase presente”.
Ahora la pelota está en el campo de la fiscalía. En el expediente ya se presentaron todos los invitados a la fiesta con sus abogados. Se sumaron a la lista de letrados Fernando Andrés Burlando y Fabián Amendola, Mariano Lizardo; Juan Pablo Fioribello y Pablo Slonimsqui; Jorge Luis Ballestero, Alejandro Rúa, Mauricio D’Alessandro y Marcos D’Alessandro.
Dalbón quedó fuera del caso luego de que este jueves tomaran dimensión declaraciones que había hecho la semana pasada, el 17 de agosto, antes de reunirse con Alberto Fernández para analizar su situación legal. Durante un reportaje radical, Dalbón afirmó: “Ramiro González puede hacer lo que quiera, pero es un coimero, y sabe que yo lo sé”. Y agregó: “Si quiere venir a buscar plata, acá no la va a encontrar porque nosotros no lo vamos a coimear, ¿está claro?”.
Dalbón también cargó contra el juez a cargo de la causa, Sebastián Casanello. “Me importa un huevo que el juez sea Casanello. A mí los jueces me importan un huevo. Ni me va ni me viene. No le conozco la cara. Para mí Comodoro Py está recontra podrido y dentro de la pudrición esta Casanello (…). Que venga Casanello, que lo vamos a atender”, dijo.
Casanello delegó la causa en el fiscal González pero es, en definitiva, quien debe homologar un eventual acuerdo entre la fiscalía y el presidente, si se avanza con la intención de la conciliación presentada por Alberto Fernández.
Las expresiones de Dalbón no encontraron eco en los tribunales, donde los funcionarios a cargo de caso tomaron nota y las pasaron por alto.
Ahora el fiscal González debe analizar si admite esta propuesta del presidente para acogerse a lo establecido en el artículo 59 inciso 6 del Código penal, que permite que se extinga la acción penal a cambio de reparar el daño.
Hay antecedentes de que otros casos en los que se violó la cuarentena se resolvieron de este modo, con los acusados pagando una suma de dinero y reparando el daño. La conciliación no implica admitir responsabilidad ni siquiera el hecho delictivo: solo acordar la extinción de la acción penal en una acuerdo entre partes. Como si se tratara de una probation.
Ahora bien, en el caso de los funcionarios esto puede ser problemático. De hecho, la probation no está permitida para los funcionarios y hay antecedentes de conciliación intentados por funcionarios en casos de fraude al Estado, que no prosperaron.
En paralelo, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, analiza dos denuncias sobre los mismos hechos y estudia si le pide la causa a su colega porteño. El fiscal de San Isidro que está a cargo de esas causas ya expresó su opinión de que el caso debe continuar en Comodoro Py 2002.
Si la jueza plantea un conflicto de competencia, puede complicarse la estrategia de Alberto Fernández de conciliar lo antes posible y cerrar la causa en menos de 15 días -antes de las PASO- y sin pisar los tribunales de Comodoro Py 2002.
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