La Fiscalía de Colombia imputó a otros siete exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) presuntamente implicados en irregularidades contractuales cometidas en la construcción de un tramo de la llamada Ruta del Sol II, en el caso de corrupción de la firma brasileña Odebrecht.
Un fiscal del Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht presentó ante un juez con función de control de garantías de Bogotá a estos exfuncionarios, quienes habrían «proyectado, revisado, tramitado y aprobado cinco otrosíes (adendas)» para construir un tramo de 528 kilómetros entre los municipios de Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar).
Estas acciones «generaron beneficios técnicos, jurídicos y financieros al concesionario del cual hacía parte la constructora Odebrecht», informó la Fiscalía en un comunicado este sábado.
Los imputados son Alexandra Lozano Vergara, gerente de Proyectos y Gestión Contractual; María Clara Garrido, vicepresidenta administrativa; y Beatriz Eugenia Morales Vélez, vicepresidenta de estructuración. Además de los asesores Harbey José Carrascal Quintero, Marcelo Enrique Cano del Castillo, Mónica Rocío Adarme Manosalva y Nora Patricia Acero Pérez.
Los acusados «habrían vulnerado los principios de transparencia, economía y responsabilidad debido a que los otrosíes no contaban con estudios sólidos técnicos de conveniencia, ni de planeación», indicó la Fiscalía.
Las pruebas apuntan a que las adendas permitieron una ampliación de los plazos para la ejecución de algunos tramos de proyectos. Con esto, el concesionario evitó procesos sancionatorios. Dejó de pagar multas superiores a 35.883 millones de pesos (unos 9,1 millones de dólares de hoy) por incumplimientos.
Además, se presume que se modificaron aspectos técnicos y formas de pago. Esto permitió al concesionario acceder a un anticipo de 17.823 millones de pesos (unos 4,5 millones de dólares) al que no tenía derecho. También obtener mayor flujo de caja; lo que habría causado un perjuicio financiero a la ANI por más de 2.227 millones de pesos (unos 566.000 dólares).
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los presuntos responsables el delito de interés indebido en la celebración de contratos. El cargo no fue aceptado por ninguno de los procesados.
Odebrecht en Colombia
El caso de Odebrecht se retomó en Colombia tras las denuncias del presidente, Gustavo Petro. Este cuestionó la trama política y de corrupción que rodea esta obra de infraestructura. Ocurrió después de que la Comisión de Bolsa y Valores de EE UU (SEC, por sus siglas en inglés) acusara al Grupo Aval. El conglomerado acordó pagar 40 millones de dólares para resolver los cargos.
El Grupo Aval, de propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los hombres más ricos de Colombia, es el accionista mayoritario de Corficolombiana, empresa vinculada con los sobornos pagados por Odebrecht para que se le adjudicara el contrato de construcción de la Ruta del Sol II.
Petro pidió «reabrir los casos, si es necesario, del proceso Odebrecht-Aval y hallar los destinatarios de los sobornos».
Con la reanudación de la investigación, la Fiscalía colombiana anunció la imputación de cargos a más de 50 personas. Entre ellos, 33 funcionarios y exfuncionarios de la ANI y el magnate brasileño Marcelo Odebrecht.
Según datos revelados en diciembre de 2016 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó sobornos en Colombia por 11 millones de dólares como parte de la millonaria red de corrupción montada en América Latina y África.
Sin embargo, la Fiscalía colombiana calculó en 84.000 millones de pesos (unos 20,8 millones de dólares de hoy) el monto de los sobornos de la constructora en el país.
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