Los exjefes de Estado y de Gobierno miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), condenó este viernes la reforma constitucional en Nicaragua aprobada en primera legislatura, y advirtieron que implica «un grave retroceso histórico» para el país.
«Observando que, más que una reforma, Nicaragua adopta un modelo constitucional abiertamente dictatorial y de ejercicio compartido por la pareja Ortega-Murillo, a cuyo tenor estos ejercerán supremacía sobre la totalidad de los poderes públicos, con inmediata sujeción a esta de la Policía Nacional y la posibilidad de su militarización a discreción del matrimonio presidencial; y a la vez, constitucionaliza la censura de la información con grave atentado para la libertad de expresión que es la columna vertebral de la democracia», dijo el Grupo en un comunicado.
Grupo IDEA hace un llamado a los gobiernos democráticos de Occidente
Señala que la separación e independencia de los poderes públicos limita el alcance del poder que ejerce cada órgano estatal y, de esta manera, «previene su indebida injerencia sobre la actividad de los asociados, garantizando el goce efectivo de una mayor libertad».
«Y es esto, exactamente, lo que desaparece cabalmente en Nicaragua e implica un grave retroceso histórico que tiene por víctima, desde ya, al conjunto de los nicaragüenses; al punto que hasta han sido clausuradas las congregaciones religiosas y a sus monjas se les ordenó abandonar el país», agrega.
Los exmandatarios hicieron un llamado a los gobiernos democráticos de Occidente de que «en el manejo de sus relaciones exteriores no contribuyan a la normalización de la férrea dictadura Ortega-Murillo, que atenta contra las bases más elementales de la civilización».
El Parlamento de Nicaragua aprobó en primera legislatura enmiendas a la Constitución que transforman el Estado, el cual pasará de ser una República democrática, participativa y representativa a una «revolucionaria» y de «democracia directa» ejercida a través de la presidencia.
Junto con la reforma, El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presentó una ley que impone multas y suspensión de operaciones a empresas y bancos que apliquen sanciones extranjeras, como las que impuso Estados Unidos a funcionarios y entidades estatales del gobierno.
La medida ha generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones de derechos humanos y opositores, que la consideran una grave amenaza para los nicaragüenses.