El parlamento húngaro retiró el martes una polémica enmienda legal contra las personas LGTB+, que alentaba las denuncias anónimas contra quienes «cuestionen» la definición constitucional del matrimonio, la familia y el género.
La enmienda, aprobada en abril por el Parlamento, ampliaba el alcance de una ley de 2014, incluyendo nuevos dominios en los cuales los ciudadanos pueden efectuar denuncias anónimas, con el fin de «proteger el modo de vida húngaro».
En esos nuevos campos figuraba «cualquier cuestionamiento del casamiento», definido por la Constitución de 2019 como la unión de un hombre y una mujer.
También alentaba a denunciar a quienes niegan «el derecho de los niños a una identidad que corresponda a su sexo de nacimiento».
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Las organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron que este texto completaba un arsenal jurídico para avivar el odio hacia las minorías sexuales y de género.
La presidenta húngara, Katalin Novák, vetó entonces la ley y la reenvió al Parlamento, considerando que la redacción imprecisa «no protegía eficazmente los valores establecidas en la Constitución».
Los diputados aprobaron el martes una versión modificada.
El gobierno del primer ministro Viktor Orban modifica progresivamente la legislación desde 2018, para instaurar en Hungría una «nueva era iliberal».
Desde entonces se prohibieron los estudios de género, los cambios de sexo en el registro civil y la adopción por parte de parejas homosexuales.
En 2021, se prohibió hablar en presencia de menores de asuntos relacionados con el cambio de sexo o con la homosexualidad. La Comisión Europea abrió a causa de ello contra Hungría un procedimiento de infracción, apoyado por 15 de los 27 países de la UE.
Anteriormente, este país de Europa central, miembro de la UE desde 2004, había sido uno de los países más liberales de la región. La homosexualidad fue despenalizada a inicios de los años 60 y la unión civil entre personas del mismo sexo fue reconocida en 1996.
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