En un crítico y a la vez diciente reporte que publica este jueves la ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW), la organización responsabiliza a Washington y al actual gobierno de Joe Biden de agravar la crisis de migrantes que se registra en el Tapón del Darién, ubicado en la frontera entre Colombia y Panamá.
Según el informe, Estados Unidos, en su esfuerzo por frenar el flujo de personas hacia su frontera sur, ha venido presionando a México y a otros países de Centroamérica para que impongan restricciones de movimientos -o visados- a ciudadanos de Venezuela, Haití, Ecuador y de otras naciones en Asia y África.
El resultado de esas políticas, sostiene HRW, es que se ha empujado a estos migrantes y solicitantes de asilo a cruzar el peligroso Tapón del Darién exponiéndolos a serios peligros y abusos, además de propiciar graves problemas de orden público en estos países.
De acuerdo con el reporte, que será presentado hoy en Washington por la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, y su subdirector, Juan Pappier, una de las consecuencias indirectas de estas “fallidas políticas” estadounidenses es que están fortaleciendo a grupos criminales que operan en la zona, principalmente al llamado Clan del Golfo.
En los cálculos de esta organización, basados en cifras del Ministerio de Defensa, el Clan habría amasado unos 57 millones de dólares entre enero y octubre de este año a través del cobro de las tarifas que les imponen a los migrantes para permitirles atravesar la región.
El informe, titulado Este infierno era mi única opción: abusos contra migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién, es el resultado de cuatro visitas de campo a la zona fronteriza entre abril de 2022 y junio de 2023 y más de 300 entrevistas para documentar las causas y posibles respuestas a esta crisis.
Entre los entrevistados hay migrantes y solicitantes de asilo que habían cruzado o estaban por cruzar el Darién, víctimas de graves abusos, trabajadores humanitarios, autoridades colombianas y panameñas, y expertos en migración de toda la región.
Los investigadores también analizaron datos e informes de los gobiernos de Colombia, Panamá́ y Estados Unidos, de las agencias de la ONU, de organizaciones humanitarias y de derechos humanos internacionales, regionales y locales, así como de clínicas jurídicas.
El reporte es, además, el primero en una serie de tres informes que serán divulgados a lo largo de los próximos meses.
“Las dolorosas historias que escuchamos en el Tapón del Darién son el resultado de políticas migratorias fallidas que empujan a los migrantes hacia una selva donde están expuestos a todo tipo de peligros. Los crecientes desafíos migratorios en nuestra región exigen nuevas políticas de alcance regional que garanticen los derechos de las personas en movimiento”, dice Goebertus como preludio a esta primera entrega.
En el último año, sostiene HRW, más de medio millón de personas han cruzado el Darién en su periplo hacia el norte, por lo general con Estados Unidos como destino final. En su gran mayoría son personas que huyen de la crisis económica y de la violación de derechos humanos que se vive en algunos países de la región empujados por la violencia, persecución y pobreza. De acuerdo con esta organización, más de 440.000 de ellos son venezolanos.
La travesía a través del Darién es una odisea desgarradora para los migrantes que buscan una vida mejor en los Estados Unidos. Foto: Jaiver Nieto / CEET
Colombianos, entre los que cruzan la peligrosa selva del Darién
Por otro lado, y aunque no representan un número grande, en el grupo total de migrantes también hay colombianos. De acuerdo con datos del gobierno panameño, al menos 15.000 de los que han entrado desde enero serían connacionales.
“Casi 16.000 colombianos han cruzado el Tapón del Darién en lo que va del año. Muchos salen por falta de oportunidades, pobreza y violencia. Y en el Tapón del Darién arriesgan sus vidas ante bandas y la inclemencia de la selva”, afirma Pappier sobre este caso puntual.
A manera de resumen, HRW dice que encontró “evidencias de que los requisitos de visado impuestos por los gobiernos de México y Centro América contribuyen al aumento de migrantes que cruzan el Darién. Y es que, tras la imposición de requisitos de visado por parte de algunos de estos países a venezolanos y ecuatorianos en 2021 y 2022, el número de personas de ambas nacionalidades que cruzan el Darién se ha disparado, lo que sugiere una correlación entre el requisito de visado y el aumento de migrantes y solicitantes de asilo que cruzan esta selva.
“A lo largo de varios días de camino por el Darién, migrantes de todas las nacionalidades sufren frecuentemente robos y graves abusos, incluyendo violencia sexual”, anota HRW.
El rol del Clan del Golfo
Uno de los aspectos más novedosos del reporte es que documenta el rol del Clan del Golfo y cómo se estarían beneficiando de la situación.
El grupo armado “regula las rutas que pueden utilizar los migrantes y solicitantes de asilo, decide quién puede asistirlos en el camino, extorsiona a quienes se benefician del flujo migratorio y establece normas de conducta para la población local y los migrantes, que a veces hace cumplir mediante la violencia. El Ministerio de Defensa de Colombia estima que el Clan obtiene en promedio 125 dólares por cada persona que cruza el Darién. Si la estimación es correcta, el grupo armado pudo haber obtenido un total de 57 millones de dólares entre enero y octubre de 2023 debido a su control sobre la ruta migratoria”, señala el informe.
Millones de dólares que se sumarían a sus ingresos por narcotráfico y otras actividades delictivas y que, sin duda, los ha fortalecido en esta y otras zonas del país.
De acuerdo con HRW, a los abusos del Clan se suman los delincuentes comunes y otros que agraden a los migrantes durante la travesía por el Darién y luego en el lado panameño de la frontera.
“Cometen de forma rutinaria robos y abusos sexuales y en numerosas ocasiones violaciones sexuales. La organización humanitaria internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) ha asistido a 950 personas, la mayoría mujeres, que reportaron violencia sexual al cruzar el Tapón del Darién desde abril de 2021”, afirma esta organización.
Bajo Chiquito es el primer pueblo panameño al que llegan los migrantes tras pasar el Darién. Foto: EFE
El grupo también utiliza el flujo de migrantes para desviar la atención del transporte marítimo de cocaína. Dos personas que ayudan a migrantes y solicitantes de asilo en Necoclí, por ejemplo, contaron a HRW que miembros del Clan del Golfo las convocaron a una reunión en marzo de 2022 y les dijeron que llevaran a los migrantes y solicitantes de asilo a empresas de lanchas que operan ilegalmente desde Totumo, un pueblo pequeño en Necoclí, hasta Carreto, en Panamá.
Estas embarcaciones suelen viajar en paralelo a los barcos que transportan cocaína. Cuando la Armada interviene, los lancheros arrojan a los migrantes y solicitantes de asilo al mar y huyen con la cocaína, según dijeron varias fuentes a la ONG.
El Clan también ha establecido sistemas para rastrear los pagos de los migrantes y solicitantes de asilo para cruzar el Tapón del Darién. Estos sistemas han incluido la entrega de pulseras a quienes pagaron y, más recientemente, la colocación de pegatinas en sus pasaportes o documentos de identidad.
Robos y abusos sexuales al intentar cruzar el Darién
El informe presenta múltiples testimonios de estos abusos. Entre ellos, el caso de una mujer haitiana que fue robada y violada por hombres armados cuando atravesaba el Tapón del Darién con su esposo e hijo.
El informe ofrece una serie de recomendaciones iniciales a los Estados, las cuales deberían estar cimentadas en la Declaración sobre la Migración y Protección de Los Ángeles, firmada por 21 países de la región en junio de 2022 durante la Cumbre de las Américas.
Así mismo, recomiendan aprovechar el Foro Mundial sobre los Refugiados de diciembre de 2023 y el próximo 40.° aniversario de la Declaración de Cartagena de 1984 —un histórico instrumento internacional sobre derechos de los refugiados en América Latina— para responder a los crecientes retos migratorios de la región.
“Los gobiernos deberían poner en marcha un régimen de protección temporal para toda la región que conceda a los venezolanos y haitianos un estatus legal por un plazo razonable y renovable. También deberían garantizar que la imposición de visados no impida en la práctica el acceso al refugio y no fuerce a las personas a recurrir a caminos peligrosos, incluyendo el Tapón del Darién”.
También dicen que se deberían tomar medidas para crear un mecanismo regional equitativo y centrado en los derechos humanos para determinar qué Estados son responsables de examinar las solicitudes de asilo y proteger a los refugiados.
El mecanismo debería tomar en cuenta, en lo posible, factores individuales, tales como vínculos sociales o familiares y preferencias individuales de los solicitantes. Asimismo, los Estados deberían distribuir los costos de manera equitativa y ofrecer a los Estados miembros incentivos para compartir dicha responsabilidad.
“Los migrantes y solicitantes de asilo tienen derecho a poder movilizarse de forma segura y digna. Todos tienen derecho a condiciones básicas de seguridad y al pleno respeto de sus derechos humanos durante el viaje”, señaló Goebertus, quien ya había anticipado algunos de los hallazgos de este reporte en una entrevista concedida a El Tiempo y que se publicó la semana pasada.
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