Grupos armados locales, conocidos como sindicatos o pranes, el ELN y las disidencias de las FARC se han apoderado de numerosas minas de oro que funcionan en Venezuela, denunció Human Rights Watch.
La toma es ilegal. Los irregulares comenten abusos atroces como desapariciones, asesinatos o amputaciones contra los propios mineros y la población local. El fin de estas agresiones son para garantizar el control de este lucrativo negocio.
En su informe «Venezuela: Violentos abusos en minas de oro ilegales«, HRW recoge la situación de violencia que sufre el llamado arco minero. La documentación es a través de los testimonios de mineros, vecinos, periodistas y ONG locales, así como de imágenes satelitales.
Muchas de las actividades de los guerrilleros tiene el consentimiento de Nicolás Maduro, además de explotar los recursos naturales del país, de acuerdo con HRW.
«Venezuela cuenta con reservas de recursos sumamente valiosos como oro, diamantes y níquel, así como de coltán y uranio», recordó.
La ONG se centró en la minería del oro en el estado Bolívar donde la gran cantidad de oro, difícil de cuantificar, es sacado del país por contrabando.
«La migración económica interna debido a la crisis económica y humanitaria en Venezuela ha incrementado la cantidad de personas que buscan trabajo en la actividad minera. Incluida la ilegal», dijo la organización.
«Distintos ‘sindicatos’ controlan distintas áreas mineras y cada uno impone allí las reglas y las aplica con brutalidad», explicó HRW.
Los sindicatos ejercen un estricto control sobre las poblaciones que viven y trabajan allí, imponen condiciones de trabajo abusivas y los someten a tratos brutales.
Testimonios de agresión de los sindicatos
Ligia Castro, una venezolana de 35 años de edad que trabajó en las minas de El Algarrobo y La Cucharilla en 2018, relató HRW que una mujer fue mutilada después de ser acusada de haber robado un par de pantalones. Los sindicatos le ordenaron decir que había sufrido un accidente.
Ricardo Gómez, un minero de 49 años de edad que estuvo en Las Claritas en 2017, recordó la decapitación de una mujer con una motosierra. La mujer había recibido el pago de 10 gramos de oro por haber mantenido relaciones sexuales con un hombre, y por ese motivo la descuartizaron y le cortaron la cabeza.
«Tengo todo grabado en mi mente«, aseguró Gómez, que luego de este crimen, atemorizado, abandonó la mina.
También habló del caso de un minero acusado de robar un celular. Los sindicados le cortaron las manos con un hacha frente a sus compañeros y después lo desaparecieron.
Cuando familiares fueron a preguntar por él, los sindicatos amenazaron a los trabajadores con ser desaparecidos sí mencionaban lo ocurrido.
HRW denuncia el caso de un pastor que trabajaba en una mina y asegura que varios miembros del sindicato violaron a sus hijas. «Sus padres temen represalias si denuncian el abuso«, afirmó el religioso.
En 2018 el estado de Bolívar registró la tasa más alta de muertes violentas en Venezuela, con 107 por cada 100.000 habitantes. El Callao, la capital minera del país, con una población de 200.000 personas, fue el municipio más violento, con 620 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos del Observatorio Venezolano de la Violencia.
Entre 2012 y 2019 hubo denuncias, al menos, sobre 50 desapariciones en Bolívar cuyo paradero se desconoce. HRW supone que esta cifra ya se incrementó.
Amenaza para la salud
Human Rights Watch señaló que la minería ilegal no solo se traduce en violencia, sino también en un grave riesgo para la salud de los mineros y de quienes viven cerca de estas explotaciones.
Los trabajadores de las minas ilegales están expuestos al mercurio que usan para extraer el oro, a pesar de que está prohibido en Venezuela.
HRW denuncia que el mineral, incluso en pequeñas cantidades, puede causar graves problemas de salud y toxicidad en los sistemas nervioso, digestivo e inmunológico, así como en pulmones, riñones, piel y ojos.
La organización recordó que años anteriores se realizaron estudios en la zona, que determinaron grandes niveles de mercurio; los resultados arrojaron que mujeres, mujeres embarazadas y niños son los más vulnerables.
En el caso de las mujeres grávidas, los riesgos incluyen discapacidad grave o la muerte del feto o del bebé cuando la gestación llega a término.
HRW denuncia epidemia de malaria
HRW afirmó que la epidemia de malaria que tiene estrecha correlación con el aumento repentino de la minería ilegal en el sur de Venezuela.
«Los mineros suelen vivir a la intemperie, lo cual aumenta su exposición a los mosquitos» y «los pozos mineros deforestados, que se llenan con agua de lluvia, son propicios para los mosquitos que transmiten la malaria», explicó.
Human Rights Watch subrayó que «todas las personas entrevistadas que habían trabajo en minas o localidades mineras habían tenido malaria.
Algunos afectados dijeron que pagaron hasta dos gramos de oro, casi 100 dólares, para comprar medicamentos.
A ello se suman la explotación con turnos de 12 horas sin equipos de protección y la presencia de niños, algunos de tan solo 12 años de edad.
HRW documentó el caso de un adolescente de 17 años de edad que sufrió lesiones en la espalda por el retroceso de una manguera de alta presión que usó sin la debida protección.
Lucrativo negocio
La opinión de organizaciones locales e internacionales, cuya apreciación coincide con los testimonios recabados por HRW, afirma que parte de oro sale a Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Suiza.
«Las personas entrevistadas también señalaron que las autoridades venezolanas tienen conocimiento de las actividades de minería ilegal», afirma HRW.
Diez personas declararon que llegaron a ver a miembros de las fuerzas de seguridad yendo a las minas ilegales para cobrar sobornos.
Otros afirman que vieron a un mismo alto funcionario del régimen de Nicolás Maduro en las minas.
HRW recomendó a los compradores asegurarse de que el oro venezolano, que forma parte de sus cadenas de suministro, no esté manchado con la sangre de víctimas venezolanas.