La ONG Human Rights Watch acusó este martes al gobierno interino de Bolivia de tomar medidas abusivas, como el decreto que otorga inmunidad a los militares, y denunció el acoso a periodistas independientes y a políticos opositores.
“Desde que Jeanine Áñez asumió el cargo como presidenta interina, el gobierno adopta y anuncia medidas alarmantes. Van en contra de los estándares de los derechos humanos fundamentales”, asegura la organización en un comunicado.
HRW subraya que el decreto “contribuye a dar impunidad a los abusos militares durante las operaciones de control de las concentraciones”, y advierte sobre el anuncio del gobierno de que juzgará a periodistas y antiguos responsables de alto rango por sedición.
El director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, considera que esas iniciativas “parecen priorizar la represión brutal de los oponentes y críticos”, además de “dar a las fuerzas armadas un cheque en blanco para cometer abusos en lugar de trabajar para restaurar el Estado de Derecho en el país”.
Derogación inmediata
La ONG se suma a las denuncias de otras organizaciones como Amnistía Internacional, que también pidió la derogación inmediata del decreto. Asegura “que promueve impunidad para personal de las Fuerzas Armadas» y solicitó que se ponga fin a las violaciones de los derechos humanos.
“La grave crisis de derechos humanos que atraviesa Bolivia, tras las elecciones del 20 de octubre, se ha visto agravada por la intervención y el accionar de las fuerzas de seguridad. Cualquier mensaje que implique carta blanca para la impunidad es gravísimo», declaró Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
Vivanco señala que “las autoridades bolivianas deberían dejar de acosar a periodistas y opositores al gobierno”. En cambio tendrían que “garantizar que las autoridades judiciales realicen investigaciones independientes, imparciales y rápidas sobre las muertes ocurridas durante los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes”.
HRW subrayó que 9 personas murieron y 122 resultaron heridas durante una manifestación el 15 de noviembre en la provincia de Chapare.
El 10 de noviembre, Evo Morales anunció su renuncia tras casi 14 años en el poder, forzado por las Fuerzas Armadas. Al día siguiente salió hacia México, donde está asilado.
Algunos gobiernos y políticos latinoamericanos califican de golpe de Estado la renuncia de Morales. Otros países reconocen el gobierno interino de Jeanine Áñez. Parte de la comunidad internacional insta al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.
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