El horror bajo la lupa internacional

El informe sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela encargado por la secretaría general de la Organización de Estados Americanos a un panel de expertos da resultados concluyentes: en el país se han cometido actos que pueden calificar como crímenes de lesa humanidad al menos desde febrero de 2014, que incluyen asesinatos en el marco de protestas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, agresiones sexuales y violaciones. A partir de testimonios de víctimas y de datos aportados por la sociedad civil, los investigadores reconocieron un patrón de persecución contra la oposición, que caracteriza este tipo de transgresiones, por lo que hacen un llamado a la Corte Penal Internacional para que castigue a los responsables

Un total de 131 asesinatos ocurridos durante protestas contra el gobierno desde el año 2014. 8.292 ejecuciones extrajudiciales registradas desde 2015. 12.000 detenciones o privaciones de libertad “arbitrarias” desde las elecciones presidenciales de 2013. Uso generalizado de torturas, incluidas agresiones sexuales, contra opositores al gobierno. Emergencia humanitaria utilizada como instrumento de control político de la población. El informe de 400 páginas que la secretaría general de la Organización de Estados Americanos, en conjunto con un panel de expertos independientes, presentó esta semana sobre la “posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, no solo disecciona en detalle las acusaciones en materia de violación de derechos humanos que pesan contra el gobierno de Nicolás Maduro sino que además constituye un documento que sintetiza las razones de la crisis económica, social, política y jurídica que atraviesa el país.

A partir de la revisión de una amplia evidencia documental y de los testimonios aportados por 26 personas, entre ellas ex funcionarios gubernamentales y víctimas de la violencia estatal, tanto el secretario general de la OEA, Luis Almagro, como el panel integrado por el costarricense Manuel Ventura Robles, el argentino Santiago Cantón y el canadiense Irwin Cotler concluyeron que existen fundamentos “para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, de conformidad con lo que establece el artículo 7 del Estatuto de Roma”, en alusión al instrumento, aprobado en 1988, sobre el que se constituyó la Corte Penal Internacional.

El propio documento recoge a qué tipo de acciones se refieren a “serios actos de violencia que dañan a los seres humanos al golpear lo más esencial para ellos: su vida, su libertad, su bienestar físico, su salud y su dignidad. Son actos inhumanos que por su extensión y gravedad van más allá de los límites de lo tolerable para la comunidad internacional, la que debe necesariamente exigir su castigo”. El informe, además, señala que 11 funcionarios, encabezados por Maduro, deberían ser objeto de una investigación criminal como autores intelectuales de estas transgresiones. 

La doctora en derecho por la Universidad Central de Venezuela y experta en el área, Tahiri Moya, señala que se suelen considerar dos condiciones para tipificar los crímenes de lesa humanidad. “Una tiene que ver con la magnitud, porque se trata de actos que se cometen a gran escala, y la otra es que se trata de acciones sistemáticas, dirigidas contra un sector de la población civil. Para que se configure el crimen de lesa humanidad se necesita demostrar que lo ocurrido fue parte de una política, de una conspiración o de una campaña”.

A esa conclusión llega el panel de expertos convocados por la secretaría general de la OEA, que indican que, en Venezuela, “asesinatos, privaciones de libertad, tortura, violaciones y violencia sexual, persecución y desapariciones forzadas formaron parte de una política de Estado de ataque contra una parte determinada de la población civil: los opositores políticos o aquellos que eran percibidos como tales”.

Agregan que esto se hizo evidente en la gran cantidad de fuerzas de seguridad que participaron de manera coordinada del ataque. Mencionan a la Guardia NacionalBolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el Comando Antiextorsión y Secuestro, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, la Dirección General de Contrainteligencia Militar como algunos de los cuerpos involucrados en los actos represivos que se registraron en al menos 13 estados y el Distrito Capital desde el 12 de febrero de 2014. “Esto demuestra que los abusos no constituyeron casos aislados, ni fueron el resultado de simples excesos por parte de miembros insubordinados de las fuerzas de seguridad”, indican. 

Itinerario de una denuncia

El director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, es enfático al valorar el impacto que puede tener el documento presentado por la secretaría general de la OEA. “Incorpora muchos elementos nuevos, uno de ellos es que amplía el marco de investigación de las violaciones de derechos humanos en Venezuela a febrero de 2014, más extenso en comparación con el que había tomado de referencia la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, para abrir el examen preliminar sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela en febrero pasado, que se limitaba a los hechos de 2017”.

Otra de las bondades del informe, señala Daniels, es que sus redactores conversaron con las víctimas de los crímenes, no solo con organizaciones no gubernamentales u organismos de la sociedad civil. “No fue hecho solamente escuchando a un sector”. Aunque la misión permanente de Venezuela en la OEA descalificó el texto, señalando que “carece de valor jurídico”, pues, a su entender, el secretario general “se arroga una atribución que ni la propia OEA tiene, como es la de ser una instancia judicial”, Moya llama la atención sobre la posible hoja de ruta con la que ese texto podría llegar a convertirse en una referencia fundamental para la apertura de una investigación contra las autoridades venezolanas que puedan ser vinculadas con esos crímenes. “Hay tres formas en las que la Corte Penal Internacional puede comenzar a actuar: la remisión de un caso por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como iniciativa de su propia fiscalía o porque el caso sea presentado por un Estado que sea parte del Estatuto de Roma”. 

El informe, recalca, rompe paradigmas en relación con la actuación de los organismos internacionales en este tipo de situaciones y puede constituirse en efecto en una vía para que la fiscal del CPI decida abrir una investigación en el caso venezolano. Por una parte, puede nutrir las informaciones que ya está recopilando sobre lo ocurrido en el país en la materia pero, por otra parte, también podría ser adoptado por un Estado que lo remita, por su cuenta, a la corte, como de hecho recomienda el panel de expertos. 

Daniels señala que se trata de algo delicado por las implicaciones diplomáticas que esto podría tener, “pero el caso venezolano es tan grave y está afectando de manera tan aguda a la región que es un escenario posible”. Moya advierte que las investigaciones y los juicios de este tipo constituyen procesos que pueden tomar tiempo y por eso invita a evitar las expectativas de resultados a corto plazo. Sin embargo, el llamado de Ventura, Cantón y Cotler es urgente, pues señalan que la CPI ha pasado “a ser la última instancia internacional para lograr la justicia, ponerle fin a la impunidad en Venezuela y evitar la repetición de tan graves hechos que ofenden la conciencia de la comunidad internacional”. 

Asesinatos: Las muertes de manifestantes se vinculan a una política de control

El contexto de extrema violencia que caracteriza Venezuela es citado en el informe de la secretaría general de la OEA y su panel de expertos, que recuerda que en el territorio nacional hubo en 2016 más de 28.000 muertes violentas, un asesinato cada 20 minutos, “situación escalofriante que supera el número de muertes de varios países en guerra”.

Sin embargo, recalca que es necesario distinguir la inseguridad pública de la inédita política que el Estado venezolano ha aplicado en los últimos años para ejercer el control social. Señala que en el caso venezolano los niveles de violencia “se derivan, por lo menos en buena parte, de una política para aterrorizar y someter a la población, para impedir que reclamen sus derechos o que expresen su oposición al gobierno”.

Capítulo aparte merecen en el documento las implicaciones de Operación de Liberación y Protección del Pueblo, plan gubernamental para el control de la delincuencia presentado a mediados de 2015, pero que derivó en “un agresivo proceso de señalamiento público y de criminalización de ciertos grupos humanos, a quienes se les acusaba de desestabilización económica, bachaqueo, violencia paramilitar”. Se describen los operativos que se hicieron frecuentes en barrios pobres, con entradas masivas y violentas a las casas para separar a los jóvenes de sexo masculino de las familias y, en ocasiones, ejecutarlos con disparos de armas de fuego. Cifras suministradas por la fiscal Luisa Ortega Díaz señalan que, entre los años 2015 y 2017, 8.292 personas fueron asesinadas en el marco de las OLP.

El documento califica de la ejecución judicial más emblemática el asesinato de Oscar Pérez y del grupo de personas que lo acompañaba, el 15 de enero de este año. Según los estándares internacionales, recuerda, estas actuaciones se describen como homicidios ejecutados por “un servidor público fuera de o sin un proceso judicial o legal” y “buscan activar la sensación de un castigo ejemplarizante, empleando el terror como forma de control”.

Engrosan el informe los asesinatos en las protestas de 2014 y 2017. En las manifestaciones de hace 4 años se registraron al menos 43 muertes, de las cuales cerca de 25 fueron de manifestantes o de personas que se encontraban en las inmediaciones de los lugares donde se protestaba, y los autores fueron agentes de seguridad o grupos de civiles armados. En circunstancias similares ocurrieron otros 105 asesinatos entre el 6 de abril y el 14 de agosto de 2017, “un promedio de casi una persona asesinada por día, por cada día de estas protestas”.

El texto señala que Plan Cívico-Militar Zamora, que se puso en marcha a partir del 19 de abril de 2017, institucionalizó la actuación conjunta de fuerzas militares, milicianos y civiles armados para el control público, una confirmación del sistema represivo que ha implementado el Estado. La conducta represiva sigue un patrón que incluye el uso indebido conciente, deliberado y desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado en colaboración con civiles armados, con proyectiles dirigidos en su mayoría a zonas vitales del cuerpo para causar la muerte, uso de bombas lacrimógenas como proyectiles y, en lugar de perdigones, objetos como metras o tornillos “para infligir mayor trauma y sufrimiento”.

Encarcelación: Detenciones arbitrarias para frenar las protestas

El informe señala que en el país hay un patrón que evidencia “un plan generalizado de detenciones y encarcelaciones arbitrarias en contra de cualquiera que tenga una opinión contraria al gobierno”. Esto se hace patente en el arresto de más de 12.000 personas desde abril de 2013, cuando se inició la presidencia de Nicolás Maduro, hasta el 28 de enero de 2018, de acuerdo con cifras suministradas por el Foro Penal. “Esto corresponde a 7 personas detenidas cada día, todos los días del año, durante 4 años y medio”.

El texto añade que cuando se producen manifestaciones de protesta antigubernamental “se activan mecanismos policiales y militares que involucran excesos en el uso de la fuerza en contra de manifestantes y personas en las cercanías de estas. Las detenciones se producen sin que las personas estén cometiendo delitos y sin que exista contra ellas una previa orden judicial de arresto. En algunos casos las fuerzas de seguridad hasta detienen a personas en sus viviendas, a las que ingresan sin orden de allanamiento y sin justificación legal alguna”. Un ejemplo que figura en el documento es el de la entrada de fuerzas de seguridad al Conjunto Residencial El Paraíso, conocido como “Los Verdes”, de donde se llevaron detenidas a 16 personas el 13 de junio de 2017.

El documento señala que se incurrió en el abuso de fuerza física contra manifestantes ya sometidos y en el uso de armas de fuego, de sustancias tóxicas y de otros procedimientos prohibidos para el control de manifestaciones por la Constitución venezolana, leyes y tratados internacionales. Cita al Foro Penal, que señaló que entre enero de 2014 y el 7 de diciembre de 2017 un total de 7.399 personas “han sido formalmente criminalizadas, por participar, o por señalarse que han participado, en protestas contra el gobierno venezolano”.

El informe, cuya presentación coincidió con las liberaciones de presos políticos puestas en marcha esta semana por el gobierno, señala que el año pasado la cantidad de presos políticos del régimen de Maduro se disparó y alcanzó su punto más alto el 11 de agosto de 2017, cuando llegó a tener 676 recluidos con esas características. “Las personas detenidas arbitrariamente y retenidas por el régimen como presos políticos incluyen a activistas políticos, estudiantes, profesores, periodistas, policías, militares, médicos, defensores de los derechos humanos y todo tipo de ciudadano que simplemente manifestaba por su derecho fundamental de protesta y por reclamar sus derechos consagrados en la Constitución”.

Violación y violencia sexual: Delitos que no se denuncian y que dejan huellas perennes

La violación y la violencia sexual como arma de control político ocupa varias páginas del capítulo preparado por la secretaría general de la OEA, que recuerda que el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional considera ese delito como crimen de lesa humanidad, cuando se comete como parte del ataque sistemático generalizado contra población civil. Añade que el Consejo General de Naciones Unidas, a partir de la resolución 1820 aprobada en 2008, comenzó a reconocer el uso de la violencia sexual como arma de guerra e instrumento de tortura.

El informe asienta que en Venezuela se han documentado actos de acoso, abuso físico y violencia sexual contra los detenidos, que además son sometidos a diversas formas de tortura sexual, incluida la violación. Añade que en el caso de las mujeres, las amenazas de índole sexual son la norma. “Los guardias las amenazan con violarlas o con colocarlas en celdas con presos comunes que, según los guardias, las violarán”.

Entre las organizaciones no gubernamentales que han hecho registros sobre el problema, el informe cita a Tamara Suju, del Instituto Calsa, que ha documentado 192 casos de detenidos que han sido blanco de actos de violencia sexual y 140 que han recibido amenazas de violencia sexual. “Entre los actos que describió había 77 casos de desnudamiento forzado y muchos otros de desnudamiento parcial. Documentó 5 casos de violación y 7 de intento de violación con un caño u otro objeto extraño”.

Otras cifras han sido suministradas por la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, organización que había documentado 25 casos de violencia sexual a consecuencia de la represión oficial de las manifestaciones de 2017. “De estos casos, 56% eran mujeres que denunciaron diversos abusos, entre ellos exposición a actos de violencia sexual (60%), manoseo (20%) y violación (16%), perpetrados por la Policía Nacional Bolivariana, la Policía de Aragua y la Guardia Nacional Bolivariana”.

El documento añade que las fuerzas de seguridad han hecho víctimas de esos abusos a detenidos de distinta índole, a hombres y mujeres de distintas edades, tanto a políticos prominentes como a personas que caen en redadas masivas. Ejemplifica esto con el caso de Leopoldo López, de su esposa, Lilian Tintori, y de su madre, que fueron en varias oportunidades obligados a desnudarse y fueron objeto de requisas abusivas. Resaltan que el desnudamiento forzado está considerado como una herramienta que deja a la víctima vulnerable, “aumentando así su temor de que puedan ocurrir a continuación otras formas de violencia sexual”, como señala el Centro Internacional para la Verdad y la Justicia.

El informe reseña, mediante las citas de testimonios de las víctimas o de testigos presenciales, varios casos de violaciones con objetos, así como agresiones que consisten en la aplicación de sustancias tóxicas en los genitales, entre otros abusos que implican violencia sexual. El texto señala que pese a su gravedad, muchas veces ese tipo de violencia ha dejado de ser denunciado por diversas razones, “entre ellas temor, vergüenza, estigma y falta de voluntad o capacidad institucional para tratar estos actos como delitos graves”.

Torturas: Tratos brutales alimentan las evidencias

En el caso de las torturas, el análisis del panel de expertos convocado por la secretaría general de la OEA es concluyente: “Existe fundamento razonable para creer que en el territorio de Venezuela se han cometido actos que pueden ser calificados como crímenes de lesa humanidad”. Con ellos, señala el documento, se han infligido “graves sufrimientos físicos y mentales a un número considerable de personas que se encontraban bajo el control o la custodia del Estado”.

Una de las fuentes utilizadas para llegar a esa conclusión fue el informe elaborado por Human Rights Watch y el Foro Penal titulado “Arremetida contra opositores. Brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela”, que encontró que los abusos que se denunciaban no eran casos aislados, ni el resultado de excesos individuales sino, por el contrario, “una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas”.

Ese texto da cuenta de 53 casos en los que al menos 232 detenidos fueron sometidos a abusos físicos y psicológicos, “con el aparente propósito de castigarlos u obligarlos a incriminarse o comprometer a otras personas”. El documento añade que la mayoría de los hechos ocurrieron en sedes de la GNB o del Sebin. Los maltratos denunciados incluyen “descargas eléctricas, golpizas brutales, ser colgados en posiciones incómodas y forzadas, privación del sueño, asfixia, y abuso sexual”.

Los expertos también se refieren a la información recopilada por Amnistía Internacional, a partir de entrevistas a víctimas, testigos, abogados, defensores de derechos humanos y personal médico que indican que la mayor parte de víctimas de torturas “no habrían denunciado los hechos, tanto por temor a represalias por parte de los perpetradores, como por temor a ser detenidos si admiten haber tomado parte en las protestas o por miedo a que habiendo participado en las protestas y teniendo cargos en su contra, una denuncia por tortura y otros maltratos pueda influir negativamente en los juicios en su contra”. 

También fueron tomados en cuenta datos ofrecidos por Tamara Suju, del Instituto Casla, según los cuales, al menos 289 personas han sido víctimas de ese tipo de actos. Se describen algunas modalidades de tortura que se emplearon, como extraer el polvo de las bombas lacrimógenas para ponerlo directamente sobre el rostro de los detenidos y cubrirlos luego con bolsas plásticas, o aplicar bombas lacrimógenas en ambientes pequeños, para inducir desmayos o ahogos. “Otros métodos de tortura consisten en descargas eléctricas, asfixia, o en la aplicación de torturas blancas, que dejan huellas psicológicas mas no físicas, como el aislamiento en lugares muy pequeños, a bajas temperaturas, sin noción del día y la hora”. 

El texto cita casos como el de Y. Colmenares, detenida el 15 de mayo de 2017. “Fue brutalmente golpeada por 5 policías del estado Barinas, que le dieron golpes y puntapiés en todo el cuerpo. Fue bañada con heces fecales, e incluso, la obligaron a tragarlas”.

Persecución sistemática: La búsqueda del enemigo interno hace vulnerable a toda la población

Todos pueden ser, para el gobierno venezolano, el “enemigo interno” que se convertirá en objeto de persecución sistemática, advierte el informe. Aunque esta persecución ha sido dirigida hacia los oponentes políticos, también han sido objeto de ella “estudiantes, profesores, periodistas, líderes de la sociedad civil, dirigentes de ONG, defensores de derechos humanos y hasta policías y oficiales disidentes de las fuerzas armadas”.

El texto sostiene que el gobierno de Nicolás Maduro no sólo recurre a tácticas directas y violentas para intimidar a quienes piensan diferente, sino que también emplea “otros mecanismos de presión para amedrentar opositores, incluyendo la criminalización”. Entre las actuaciones que responden a este patrón se incluyen las amenazas públicas por las autoridades, la inhabilitación política, la politización de la justicia, la privación al derecho a la libre expresión, los allanamientos ilegales de viviendas, la represión violenta y el excesivo uso de la fuerza, la persecución de niños y adolescentes, la privación del derecho de libre tránsito mediante la anulación de pasaportes y el exilio forzoso. “El resultado de la persecución es una ciudadanía opositora al régimen que se encuentra presa dentro de su propio país”.

Como muestra de la magnitud de esas persecuciones, se mencionan los discursos del Ejecutivo y de otros personajes vinculados al oficialismo. “El gran volumen de estos ataques generalizados que han sido difundidos públicamente es de tal magnitud que podrían por sí solo constituir persecución”.

Otro problema grave es que en Venezuela “no existe la más mínima garantía ni recurso legal para la defensa en contra de las arbitrariedades del gobierno y de las fuerzas del orden público y paramilitar”, debido a la sumisión de la justicia a los dictámenes del Ejecutivo, patente en las continuas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia contra las decisiones de la Asamblea Nacional.

Aspectos vinculados con la persecución que se mencionan en el informe son las destituciones de alcaldes, que sumaron 12 entre 2014 y octubre de 2017, y las inhabilitaciones de candidatos y partidos políticos, que violan “no solo los derechos políticos de quienes se postulan para cargos públicos, sino también el derecho de los votantes de elegir sus propios representantes”.

La asfixia de la libre expresión también engrosa el expediente, con números como los que recoge el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela en su Índice de Libertades Periodísticas de 2017, que da cuenta de al menos 5.618 casos de situaciones que violaron ese derecho el año pasado.

Los allanamientos ilegales también se incluyen en ese apartado. El informe cita un reporte de Amnistía Internacional que registró “al menos 47 denuncias por allanamientos y ataques a zonas residenciales por fuerzas de seguridad del Estado y grupos civiles armados sin órdenes de los tribunales entre abril y julio de 2017 en 11 estados”.

El informe también destaca las detenciones de niños y adolescentes durante las protestas masivas contra Maduro. Entre febrero y mayo de 2014 ocurrieron 372 arrestos en esta población y hubo 442 casos entre el primero de abril de 2017 y el 13 de abril de 2018.