José Roberto Rincón Bravo, hijo del magnate venezolano Roberto Rincón, se ha acogido a su derecho a no declarar este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea, que ha acordado su puesta en libertad con medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir de España.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha acordado también la puesta en libertad de Carmen Julia Pérez, una presunta testaferro relacionada con el presunto blanqueo de capitales de personas vinculadas al régimen de Venezuela que investiga.
Las mismas fuentes han precisado que, además de la puesta en libertad de sendos investigados, el magistrado ha acordado levantar parcialmente el secreto de esta causa que se dió a conocer este viernes después de practicarse las primeras detenciones.
Cabe destacar que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado como medidas cautelares la prohibición de salida del territorio nacional de sendos investigados así como su comparecencia en el juzgado cada 15 días.
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registró el pasado viernes una vivienda de la urbanización de lujo ‘La Finca’ (Pozuelo de Alarcón) y un domicilio ubicado en el barrio de Salamanca de la capital madrileña en un operativo acordado por el juez Gadea.
Esta operación se realizó en cooperación con las autoridades de Portugal y Estados Unidos y en el marco de la misma se produjo la detención de Rincón y de la presunta testaferro. En la causa se investigan delitos de blanqueo de capitales, cohecho internacional, organización criminal y falsedad documental.
Cabe recordar que José Roberto Rincón Bravo ya consta como investigado por el Central 3, del que es titular la magistrada María Tardón. En febrero de 2020 acordó devolver la administración de la finca de ‘La Losilla’ de Villarejo de Salvanés (Madrid) al hijo de un exdirectivo de Pdvsa –que permanece detenido en Estados Unidos–, investigado en el marco del supuesto saqueo de la petrolera venezolana por altos cargos ‘chavistas’, funcionarios y empresarios.