Para Steven Dudley, cofundador y director del Centro de Investigación de Crimen Organizado InSight Crime, los Estados han dejado vacíos de poder en las cárceles que fueron llenados por delincuentes. El también analista del Woodrow Wilson Center asegura que hay que crear mejores condiciones de vida para los reclusos con la finalidad de que no se unan a organizaciones criminales dentro de las prisiones.
—¿Las cárceles en Latinoamérica podrían ser capaces de disminuir la crisis de seguridad?
—No de la manera que están, pues a la larga generan más inseguridad. Los presos entran en contacto con criminales más organizados y en instituciones cada vez más debilitadas. Un espacio que se convierte en una escuela de criminalidad, donde hay unos PhD del crimen que son poderosos dentro y fuera de las cárceles. El problema es que las prisiones son el último eslabón de la cadena de justicia, entonces nadie presta atención a lo que está pasando dentro de ellas. Y las instituciones no responden ni siquiera a las necesidades mínimas de los presos para que puedan tener una vida digna. Ni hablar de la corrupción que hay. Todo eso genera un espacio político, un espacio social donde grupos poderosos y, en este caso, grupos criminales poderosos pueden utilizar esa falta de atención a las necesidades básicas para acumular poder. Eso es lo que posibilita que grupos más poderosos, como los de Brasil, nazcan, crezcan y trabajen desde la cárcel. Eso se ve cada vez más en otros países: grupos criminales que llenan los vacíos que deja el Estado. Entonces quienes “gobiernan” a los presos son otros presos. Quienes alimentan a los presos son los otros presos, quienes dejan o no dejan el espacio para visitas son los otros presos, quienes permitan que reciban o no reciban cosas desde afuera son los otros presos. En ese mundo en el que el Estado deja un vacío de poder que es llenado por los criminales lo que se genera es más legitimidad para esos criminales.
—Insight Crime ha investigado sobre las prisiones de gran parte de Latinoamérica. ¿Qué países de la región considera usted que viven las situaciones carcelarias más extremas?
—Donde hemos visto situaciones muy graves es en Venezuela, Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador, México y Brasil. Esos países tienen problemas muy graves, pero los demás también y se están poniendo cada vez peor. Todos los países están enfrentándose con soluciones políticas cortoplacistas de “mano dura”. Esa idea siempre surge porque es la manera que los políticos tienen de mostrar que están luchando contra el crimen, que no son blandos. Pero hay que pensar a largo plazo y cómo ganar esos espacios políticos y sociales dentro de las prisiones. Donde los mismos presos puedan trabajar, puedan expresarse, puedan tener cierta vida humana.
—Finalmente, ¿qué opciones existen además de las cárceles para luchar contra la crisis de seguridad regional?
—Dejar de criminalizar algunos delitos que ahora están considerados en los códigos penales. Por ejemplo, el consumo de ciertas sustancias es un problema de salud, no debería ser un problema criminal en muchos casos. Hay que pensar en todos los programas de prevención, crear los mismos espacios sociales para los jóvenes, abrir más lugares de entrenamiento para ciertos trabajos, áreas de educación, evaluar penas alternativas y programas de rehabilitación. Pero también hay que educar a la población para que acepten excarcelados. Si no, los programas de rehabilitación no servirán para nada.