Guyana espera un fallo vinculante de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que celebrará audiencias orales del 23 al 27 de marzo de 2020, sobre la disputa fronteriza con Venezuela por la región del Esequibo que Caracas reclama.
Carl Greenidge, ministro de Asuntos Exteriores de Guyana, señaló que en caso de que Venezuela no acepte la decisión de la CIJ, la resolución de la disputa pasaría al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así lo afirmó este domingo durante una reunión de la Asociación de la Prensa del país suramericano.
«No buscamos una opinión consultiva. Es un fallo que se le ha pedido al tribunal que tome», subrayó.
«Es importante si ese tribunal se pronuncia a favor de Guyana, pero todavía lo sería más si la corte dicta una sentencia, en lugar de una opinión consultiva, a nuestro favor. El incumplimiento de una parte de honrar una sentencia puede llevar a la acción del Consejo de Seguridad», indicó.
Venezuela no reconoce la jurisdicción de la CIJ en la controversia. Por el contrario, exigió que los dos países vecinos resuelvan la disputa bilateralmente.
Greenidge citó el artículo 36.1 del estatuto de la CIJ que establece que esa corte tiene jurisdicción sobre todos los asuntos estipulados en tratados y convenciones.
Laudo arbitral
Guyana pretende que la CIJ, ante la que presentó el caso en marzo de 2018, valide el Laudo Arbitral de París emitido en 1899. En ese entonces se trazó la frontera entre ambos países y Venezuela hizo una denuncia ante las Naciones Unidas en 1962 por considerar que no se ajustaba a derecho.
Georgetown desea que la CIJ determine que el Laudo Arbitral sigue siendo válido. Además, espera que ratifique que la región del Esequibo pertenece a Guyana y no a Venezuela.
La región del Esequibo abarca un área de 160.000 kilómetros cuadrados, lo que supone las tres cuartas partes del territorio de Guyana.
Guyana presentó el caso ante la CIJ después de que el secretario general de las Naciones Unidas, el portugués António Guterres, se mostró a favor de que la disputa sobre la validez del Laudo Arbitral y el límite resultante fueran resueltos por la Corte de La Haya.
La Armada venezolana protagonizó durante los últimos años incidentes con buques de investigación sísmica que recopilaban datos para las compañías petroleras estadounidenses autorizadas por el gobierno de Guyana para trabajar en el área del Esequibo.