El secretario general de la ONU, António Guterres, se declaró este viernes «muy preocupado» por la redada llevada a cabo por las autoridades de Nicaragua contra la sede episcopal y las recientes acciones contra la Iglesia católica y organizaciones civiles y exigió al gobierno la liberación de todas las personas detenidas de forma arbitraria.
A través de un portavoz, Guterres reiteró su llamado al Ejecutivo de Daniel Ortega para que proteja y garantice los derechos universales de sus ciudadanos.
«El secretario general está muy preocupado por la grave obstrucción al espacio democrático y cívico en Nicaragua y por las recientes acciones contra organizaciones de la sociedad civil, incluidas las de la Iglesia católica», dijo el portavoz Farhan Haq en conferencia de prensa.
Según Haq, la operación de este viernes en el Palacio Episcopal de la Diócesis de Matagalpa (norte) no hace más que agravar estas preocupaciones.
La policía detuvo al obispo Rolando Álvarez
Agentes de la policía ingresaron hoy a la fuerza en la sede episcopal para arrestar al obispo Rolando Álvarez, un crítico del gobierno de Ortega. También detuvieron a siete de sus colaboradores que permanecían recluidos y retenidos desde el 4 de agosto.
Álvarez es acusado por la Policía Nacional de intentar «organizar grupos violentos» para desestabilizar a Nicaragua y atacar a sus autoridades. Aunque no ofrecieron pruebas.
La detención de Álvarez es el roce más reciente en una historia de fricciones entre la Iglesia católica en Nicaragua y los sandinistas encabezados por el presidente Ortega.
En lo que va de año, el gobierno ha expulsado del país al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, llevado a prisión a tres sacerdotes, ha cerrado ocho radioemisoras católicas y sacado de la programación de la televisión por suscripción a tres canales católicos. También ha ingresado por la fuerza y allanado una parroquia y expulsado a 16 monjas misioneras de la orden Madre Teresa de Calcuta.
En su mensaje en nombre del secretario general de la ONU, Haq volvió a pedir este viernes «la liberación de todas las personas detenidas de forma arbitraria».
Las Naciones Unidas, sobre todo a través de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, ha denunciado repetidamente la represión contra la sociedad civil en Nicaragua desde que en 2018 se inició la crisis política que vive el país.
La crisis se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.