El presidente Gustavo Petro suspendió este domingo el cese el fuego que sostenía con la mayor banda narco de Colombia desde el 31 de diciembre por ataques a la población civil.
«He ordenado a la Fuerza Pública reactivar todas las operaciones militares contra el Clan del Golfo», escribió el mandatario en Twitter.
Según el gobierno, esa organización está detrás de intimidaciones y agresiones contra pobladores en el noroeste del país desde hace más de dos semanas.
«No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades», agregó Petro.
Al filo de Año Nuevo, Petro había anunciado una tregua bilateral con el Clan del Golfo, la guerilla del ELN, disidentes de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 y una grupo paramilitar de la Sierra Nevada de Santa Marta.
La medida era el primer paso para sentarse a negociar con los principales actores armados ilegales del país, que aún sufre la violencia pese al desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Acusan al Clan del Golfo de estar detrás de manifestaciones de mineros ilegales
Sin embargo el gobierno acusa al Clan del Golfo de estar detrás de manifestaciones de mineros ilegales que desde el 2 de marzo atemorizan a los pobladores del Bajo Cauca, en el departamento de Antioquia.
Luego de la destrucción de la maquinaría que usan para extraer oro ilegal por parte del Ejército y la policía, los mineros cerraron vías y atacaron una alcaldía y un banco en el municipio de Caucasia.
Según Petro, el Clan priorizó el lucro que le genera el oro ilegal por encima de los acercamientos de paz. Además aseguró que aprovechaban el cese el fuego para fortalecer su presencia en las minas ilegales.
La extracción del metal genera casi las mismas ganancias para las organizaciones al margen de la ley que el tráfico de drogas.
De acuerdo con cálculos oficiales, el Clan del Golfo está detrás de entre el 30 y 60% de la exportaciones de droga desde Colombia (equivalente a unas 700 toneladas anuales).
Las guerrillas y los paramilitares aliados con narcos no permiten que se extinga el conflicto armado que vive el mayor productor mundial de cocaína desde hace casi seis décadas.