El gobierno de izquierda del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez completa su primer año con un panorama que muestra, por un lado, positivas señales en el frente económico y, por el otro, un complejo escenario político agravado ahora por las denuncias de supuesta financiación ilegal de la campaña del 2022.
En estos primeros doce meses, y a pesar de la incertidumbre económica generada por declaraciones de altos funcionarios (especialmente de la exministra de Minas Irene Vélez), el Gobierno logró sacar adelante la reforma tributaria más alta de la historia para “atender la deuda social histórica que tiene el Estado con los más vulnerables, de la mano de la responsabilidad fiscal”.
La reforma permitirá recaudar $ 19,7 billones en 2023 y un promedio de $ 20 billones en los siguientes tres años. Dichos recursos se destinarán, en su mayoría, al gasto social.
Un logro que se suma a la caída del desempleo a un solo dígito (9,3 %) por primera vez en un lustro. Igualmente, sacó adelante su Plan Nacional de Desarrollo y creó el ministerio de la Igualdad, que será asumido por la vicepresidenta Francia Márquez, una de las promesas hechas a los electores en la campaña. También cerró de manera brillante la estrategia de defensa iniciada en el gobierno Santos y proseguida por el de Iván Duque contra la demanda de Nicaragua, que fracasó en su intención de extender su plataforma continental hacia territorio colombiano en el mar Caribe.
En el plano político, sin embargo, el horizonte no se ve nada despejado para el Presidente de la República.
Más que a la de una oposición cerrera –que existe, como en su momento la hizo también el mismo Petro desde el Congreso–, las dificultades del Gobierno se deben leer a la luz de tres escenarios críticos generados desde adentro del mismo Ejecutivo y el entorno presidencial: la decisión del mandatario de acabar con la coalición de gobierno; el escándalo de corrupción protagonizado por su hijo Nicolás y la insólita pelea de poderes entre el exembajador Armando Benedetti y la exjefa de gabinete Laura Sarabia, cuyos efectos políticos y jurídicos aún son indeterminados.
Esos fueron trances que no solo le quitaron al Ejecutivo apoyos claves en el Congreso sino que le mostraron al país que el discurso del cambio y de la lucha contra la corrupción y las viejas prácticas de la política tradicional está lejos de ser realidad. Impresión que se acentuó tras los escándalos de un contrato para su esposo y el posible abuso de poder para lograr que su hijo menor de edad pudiera salir del país sin los permisos correspondientes que terminaron tumbado a la ministra Vélez, más que su desconocimiento del sector de minas y energía.
Ahora, por efecto de la confesión de su hijo mayor, quien además fue uno de los jefes de su campaña política en la costa Atlántica, el presidente Gustavo Petro enfrenta el reto de defender la legitimidad de su elección y de impedir que el escándalo termine paralizando su agenda de gobierno en los próximos tres años. Esto, a menos de tres meses de unas elecciones regionales en las que el Pacto Histórico pretendía consolidar sus triunfos del 2022 y a las que, por el contrario, llega con muy pocas apuestas con chance de imponerse.
Coalición dinamitada
En muchos de los discursos pronunciados por Petro hay una entidad a la que suele aludir como supuesta causa de su falta de resultados en campos claves y, en general, del hasta ahora bajo cumplimiento de sus promesas de campaña: la implacable oposición del establecimiento económico y político a la que ahora suma una “clase media arribista” y hasta sectores que, en palabras del jefe de Estado, son comparables a los esclavistas de mediados del siglo XIX.
Pero hay otra figura usada recientemente por él que tal vez retrata de manera más comprensiva lo que ha pasado en los primeros 12 meses del llamado ‘gobierno del cambio’. Apenas minutos después de enterarse de la captura de su hijo mayor, Nicolás, protagonista de un escándalo que ahora sacude la legitimidad de su exitosa campaña política del 2022, el Presidente escribió en su Twitter una frase lapidaria: “Me duele mucho tanta autodestrucción”.
¿Les cabe al jefe de Estado y a sus principales alfiles responsabilidad en la autodestrucción del capital político que necesitaba para sacar adelante sus ambiciosas reformas?
Lo que se vio el 7 de agosto del 2022 fue un gobierno que, cabalgando sobre su triunfo en las elecciones de Congreso y las presidenciales, logró construir una poderosa coalición política a la que se sumaron, incluso, fuerzas antípodas como el Partido Conservador.
Petro sumó a su gabinete figuras de amplia trayectoria –José Antonio Ocampo, Cecilia López, Alfonso Prada, Alejandro Gaviria– que no venían de la izquierda y que se sumaron a jóvenes figuras que venían del activismo y que habían crecido en el mundo de las redes sociales. Ese primer gabinete, potenciado en el Congreso por la presidencia del influyente Roy Barreras, se movió con soltura en el Legislativo y logró, entre otros triunfos, la aprobación de la reforma tributaria y de polémicos cambios en la ley de orden público para poner en marcha otra bandera del Gobierno: la ‘paz total’.
Pero a los pocos meses, las diferencias internas en el Ejecutivo empezaron a hervir. Los ministros más veteranos, reconocidos también como los más técnicos, encendieron alarmas internas sobre las consecuencias para el país de temas clave del petrismo radical, como el marchitamiento acelerado de las industrias petrolera y minera (la principal fuente de ingresos del país) y el desmonte total del sistema de salud construido desde 1993.
Mientras tanto, el círculo más joven y activista del gabinete, entre quienes estaban Carolina Corcho (Salud), Irene Vélez (Minas) y Susana Muhamad (Ambiente), exigían que de manera inmediata se hiciera realidad la ambiciosa agenda reformista. El Presidente no logró ponerlos a navegar en la misma embarcación, por lo que se produjo un rápido desgaste ministerial que se refleja en una estadística: en un año, el mandatario ha retirado a más del 60 por ciento del gabinete con el que empezó.
En medio del pulso por la radical reforma a la salud de Corcho, el Presidente sepultó una coalición que le aseguraba el voto de 75 de los 106 senadores y de 125 de los 186 representantes a la Cámara y se intensificó entonces el llamado “a la calle” para presionar al Congreso por la aprobación de las reformas. Este desafío fue aceptado por la oposición que también decidió salir al asfalto.
Petro, que construyó buena parte de su carrera con el apoyo de las movilizaciones, ha visto languidecer los movimientos. Mientras que, por el contrario, en el Congreso que es el espacio natural en donde se construyen las leyes, perdió margen de maniobra. La radicalidad del discurso terminó apartando de la primera línea del apoyo al Gobierno no solo a los ministros que lo habían acompañado en sus inicios, sino al mismo Roy Barreras, quien siempre insistió en que el cambio debía salir adelante por las vías institucionales.
En este lapso, además de la frustración por no haber podido sacar sus reformas, el Presidente ha visto alejarse en medio de un ruido a personas de su entera confianza. Los conocedores de la marcha de Palacio sienten que la salida de Laura Sarabia, la jefa de gabinete, ha causado un vacío enorme.
Ella, quien se convirtió en su se mano derecha, fue junto a Armando Benedetti, su hombre de confianza en la campaña, en medio de una pelea que abrió una investigación que hoy continúa.
El escándalo de Benedetti y Sarabia estuvo precedido por el de Nicolás Petro, que estalló a mediados de semestre pero que apenas hace una semana llegó a un escenario que muy pocos tenían en la mira: que el primer hijo de un presidente de la República en ejercicio admitiera ante la justicia responsabilidad penal por recibir dineros incluso de figuras controvertidas como el exnarco Santander Lopesierra, y que dijera además que parte de esa plata se usó para la campaña presidencial de su padre.
Esos aspectos han contribuido a la bajada de su imagen. La desaprobación del presidente Petro ronda hoy el 61 %, según la encuesta de Invamer. Tras tomar posesión, el pasado 7 de agosto, este ítem estaba en apenas 20 % contra una favorabilidad de 56 %. Hoy solo está en 33 %.
En este lapso, Petro ha salido de Colombia más de una veintena de veces. En el exterior, Petro es bien recibido. No solo por estudiantes o colombianos que lo aplauden con emoción, sino que ha tenido citas cruciales como la visita al presidente Joe Biden en la Casa Blanca y a las Naciones Unidas.
En estos espacios, puso el énfasis en sus obsesiones: salvar el planeta por la crisis ambiental, lo que implica una urgente transición energética y, también, cambiar el modelo de la lucha antidroga. Sus aplaudidas tesis, sin embargo, no se hacen realidad como él lo afirma. Para los analistas, no hay sintonía entre su discurso y su acción.
“Hace un año el país estaba dividido entre los esperanzados y los asustados, pero hoy por hoy se divide entre los desilusionados y los desconcertados. Petro no ha sido el redentor que anhelaban los unos, tampoco la pesadilla que temían los otros: más bien ha sido el agitador que dice muchas cosas, pero cambia muy pocas”, escribió Hernando Gómez Buendía, en el portal Razón Pública.
ARMANDO NEIRA
EDITOR DE POLÍTICA DE EL TIEMPO