La Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) presentó un informe en el que toma en consideración la orden de procesamiento contra el expresidente argentino Muricio Macri, emitida por un juez suplente.
La medida le fue dictada al exmandatario por presuntamente haber facilitado las condiciones para que se practicara un espionaje ilegal durante su mandato, relacionado con el hundimiento del submarino ARA San Juan.
El grupo señala en su documento que la orden se emitió “luego del gravoso precedente a cuyo tenor el presidente argentino en actual ejercicio, Alberto Fernández, en pleno debate electoral ordenó por decreto suspender la obligación de reserva que obliga al expresidente con relación a los secretos de Estado”.
Persecución judicial
IDEA considera que la orden se dio «luego de que las fuerzas políticas a las que adhiere el exgobernante Macri ahora sujeto a persecución judicial derrotasen democráticamente a los partidarios del gobierno».
La organización, conformada por exjefes de Estado y de gobierno, ratifica que cualquier ciudadano, y no solo un expresidente, «debe contar con las garantías del debido proceso y de la tutela judicial efectiva”.
Tales derechos “siempre se ven afectados en los supuestos de colusión indebida entre los titulares de los órganos del poder público y la justicia”, señala el documento.
Deben cumplirse las garantías
IDEA sostiene que deben cumplirse las garantías a Macri, especialmente en momentos en que juristas argentinos y brasileños le han hecho entrega al papa Francisco de un informe en el que denuncian la práctica del “law fare”.
Las guerras jurídicas, por su traducción al español, representan “uno de los mayores peligros para la democracia en el mundo”, expresan los exmandatarios.
Afirman que esa práctica se viene usando contra los expresidentes suramericanos casualmente aliados del presidente Fernández, como forma de “creciente criminalización de los movimientos sociales”.
IDEA insiste, junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en que lo esencial por tener presente es “que la separación de poderes guarda una estrecha relación no solo con la consolidación del régimen democrático, sino que además busca preservar las libertades y derechos humanos de los ciudadanos”.
Con información de nota de prensa.