El gobierno de Perú anunció el martes que elabora una ley para incinerar el cadáver del jefe histórico de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, fallecido el sábado en prisión, mientras la Fiscalía decide si lo entrega a la encarcelada viuda para sepultarlo.
«Desde el Poder Ejecutivo se está promoviendo un proyecto de ley, que dará a conocer el presidente de la República, Pedro Castillo, a fin de permitir la incineración del fallecido terrorista Abimael Guzmán», dijo el ministro del Interior, Juan Carrasco, al canal de televisión Sol TV.
La norma la podrían aprobar este miércoles durante la reunión semanal del Consejo de Ministros, en vísperas del viaje a México y Estados Unidos del mandatario.
La intervención del gobierno se produce ante vacíos legales para este tipo de casos y en medio de una controversia sobre el destino del cuerpo por temor a que derive en lugar de culto para sus fanáticos seguidores, según las autoridades.
«Con eso estaremos dando respuesta en torno a lo que se hará con el cuerpo de Abimael Guzmán, quien ya no es sujeto de derecho», dijo el ministro.
«El tema depende de la emisión de una norma, porque no tenemos legislación al respecto», indicó.
El cuerpo del líder de Sendero Luminoso en la morgue
El cadáver está en una morgue del puerto del Callao bajo poder de la Fiscalía, que espera el resultado de exámenes ADN entre jueves y viernes para tomar una decisión sobre el pedido de la viuda, Elena Yparraguirre, presa a perpetuidad y número dos de la organización maoísta.
Según la legislación local, la Fiscalía decide el destino del cadáver de un preso que no es reclamado por parientes a través de una carta firmada por notario en plazo de 36 horas desde el deceso. La viuda incumplió esta formalidad y entregó una carta simple a favor de una tercera persona.
Guzmán, de 86 años de edad, falleció de «neumonía bilateral» el sábado en una prisión naval de máxima seguridad donde cumplía cadena perpetua desde 1992. Pasó sus últimos 29 años condenado como responsable intelectual de uno de los más cruentos conflictos en América Latina, con 70.000 muertos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación.