El jefe de la escolta del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, fue destituido de manera «deshonrosa» y será juzgado por «insubordinación» y otros graves cargos, informó este miércoles la Policía.
«El comisionado general Marcos Alberto Acuña Avilés desobedeció flagrantemente órdenes superiores. Se le impuso baja deshonrosa y será juzgado por el delito de incumplimiento de deberes, desobediencia e insubordinación», dijo la Policía en un comunicado, sin mayores detalles.
Acuña es el uniformado en servicio activo más prominente que cae en desgracia en los 17 años del gobierno de Ortega, a quien ya acompañaba antes de que éste asumiera el poder en 2007, aseguró Arturo McFields, embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA) entre 2021 y 2022.
«El grave error (de Acuña) fue creer que la dictadura tiene amigos. En una dictadura nadie está a salvo y la guillotina del poder puede caer sobre cualquiera», dijo a la AFP el exdiplomático, exiliado en Estados Unidos.
El comunicado no menciona si Acuña, con 25 años de servicio policial, está detenido ni la fecha de juicio. El rango de comisionado general es el más alto en la Policía de Nicaragua, equivalente a general en otros países.
Según el medio opositor El Confidencial, que se publica en Costa Rica, Acuña se convirtió en jefe de la escolta presidencial cuando Ortega, que gobernó en la década de 1980 luego del derrocamiento del dictador Anastasio Somoza, volvió al poder en 2007 tras elecciones.
Desde entonces, Ortega ha sido reelegido en comicios cuestionados por la comunidad internacional, que impuso sanciones contra él y su círculo cercano acusándolo de una deriva autoritaria y violación de derechos humanos.
Ortega rechaza esas acusaciones, acusa a los opositores de «terroristas» y «traidores a la patria», a la Unión Europea de «colonialistas» y a Estados Unidos de estar detrás de intentonas golpistas.
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— Visión Policial Nicaragua (@vppolicial) August 7, 2024
Gobierno no se ha pronunciado
El gobierno no se ha pronunciado sobre la destitución de Acuña.
El Confidencial, citando fuentes de la Policía que no identificó, afirmó que fue una decisión de la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, tras sostener una «discusión» el 24 de julio.
Para el exembajador ante la OEA, la destitución de Acuña es «un golpe directo» a la fuerzas de seguridad del país.
Un miembro del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) nicaragüenses en Costa Rica, que pidió el anonimato, consideró que el gobierno está enviando un mensaje a los oficiales de que «ningún síntoma de debilidad o de cuestionamiento será permitido».
Desde hace meses ha habido numerosos cambios en puestos del Estado, sobre todo en el poder judicial, en el Ministerio de Hacienda y en la Cancillería.
Medios opositores en el exilio consideraron esas destituciones o relevos como una «purga» de funcionarios estatales bajo sospecha de ser críticos o estar en desacuerdo con las decisiones del gobierno.
«¿Paranoia?»
La seguridad de Ortega y Murillo se ha incrementado sobre todo tras las protestas contra el gobierno de 2018, que consideraron un intento de golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos.
El periodista exiliado Emiliano Chamorro aseguró, en la red social X, que «el pecado del comisionado» fue «haber expresado su deseo de retirarse» y calificó estas remociones como «la paranoia de Daniel Ortega».
En mayo pasado, en una medida que fue interpretada como detención domiciliaria por medios opositores, las autoridades instalaron una unidad médica en la casa del general retirado Humberto Ortega, hermano del presidente y crítico del gobierno.
Días después Ortega afirmó que su hermano, quien fue jefe del Ejército tras el triunfo de la revolución sandinista en 1979 y hasta 1995, había cometido un acto de «traición a la patria» por haber condecorado a un militar de Estados Unidos en 1992.
A mediados de junio, Humberto Ortega, de 77 años, fue ingresado al Hospital Militar de Managua «con síntomas de haber sufrido un infarto» en su casa, según la prensa en el exilio.
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