El gobierno argentino flexibilizó restricciones al uso de armas de fuego por parte de sus fuerzas de seguridad, al restablecer un protocolo derogado por la anterior administración, según se publicó el viernes en el Boletín Oficial.
El protocolo será aplicado de inmediato por Prefectura Naval, policía guardacosta, asignada a seguridad interior y habilitada para usar armas de fuego de largo alcance, dijo a la prensa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
«Hemos trabajado este protocolo para que la prefectura pueda proteger su gente, las fronteras, la ciudadanía y estar en mejores o iguales condiciones en la que están los criminales», declaró Bullrich.
El resto de las fuerzas aplicará la misma norma con actualizaciones en los próximos días.
El gobierno de Alberto Fernández había derogado el protocolo
En 2017, un joven de 18 años de edad que había robado a un turista estadounidense en Buenos Aires fue baleado por la espalda por un agente cuando huía.
Un año después, Bullrich -entonces ministra de Seguridad del presidente Mauricio Macri (2015-2019)- estableció el protocolo, derogado por el siguiente gobierno en 2019.
El policía involucrado en el episodio, Luis Chocobar, fue hallado culpable de homicidio y condenado por un tribunal a dos años de prisión en 2021.
Ahora, los agentes federales podrán disparar para impedir un delito grave, a quien represente un «peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad», o «para impedir la fuga de quien represente ese delito inminente y hasta lograr su detención».
La norma considera «peligro inminente» cuando una persona «actúe bajo amenaza de muerte o de lesiones graves para sí, o para terceras personas», o si porta un arma letal, «aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal».
El gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) había derogado el protocolo basado en tratados internacionales, según los cuales los policías «deben actuar en proporción a la gravedad de los daños, respetando y protegiendo la vida humana».
Repudio de la oposición
El restablecimiento del protocolo deja en manos de la justicia evaluar la inocencia o culpabilidad de los agentes federales que usen armas de fuego en las situaciones contempladas por el reglamento.
La decisión llega una semana después de que Bullrich se ganara el repudio de la oposición por ordenar la represión -con balas de goma, gas lacrimógeno y pimienta- de manifestantes y periodistas frente al Congreso, con otro protocolo, que en este caso impide cortar vías de tránsito durante protestas.
La legisladora capitalina Celeste Fierro, detenida frente al Congreso, denunció la inconstitucionalidad del «protocolo antipiquetes» ante el juez federal Sebastián Casanello, quien emplazó a la ministra a fundamentar sus medidas.
En su respuesta, Bullrich señaló «una actitud pasiva sostenida durante mucho tiempo por las autoridades frente al desorden en la vía pública, lo cual ha derivado en una situación insoportable para la población que sufre esos actos ilícitos, en desmedro de su trabajo y de su calidad de vida».