Carrie Lam, jefe del Ejecutivo hongkonguense, dobló este viernes su apuesta por desactivar las protestas tras la aprobación de una Ley de emergencia que prohibirá el uso de máscaras.
Con esta medida, Lam ha tenido que echar mano de una ley de la época colonial británica, la de Regulaciones de emergencia, que no se aplicaba desde 1967.
Además, puede otorgar poderes más amplios al gobierno sin tener que pasar por el Legislativo.
La medida anunciada indica que es un delito el uso de máscaras bajo penas hasta de 1 año de prisión y multas hasta de 25.000 dólares hongkonguenses, unos 3.188 dólares.
Si la Policía considera que una persona tiene intenciones de ocultar su identidad, deberá enfrentar una pena de 6 meses y una multa de 10.000 dólares hongkonguenses, 1.275 dólares.
«Las protestas se suceden desde hace cuatro meses. La violencia de los manifestantes ha aumentado, alcanzando un nivel alarmante en los últimos días», dijo Lam.
Advirtió que tomará medidas para restablecer el orden.
«La ley no implica que Hong Kong esté en estado de emergencia», declaró Lam tras resaltar que la legislación «apunta a las personas que han recurrido a actos violentos».
A su juicio, la legislación subsidiaria se presentará en el Consejo Legislativo el 16 de octubre para ser modificada después de haber sido implementada.
Algunos temen que esta sea una excusa para autorizar detenciones, censurar a la prensa, cambiar leyes y tomar el control total del transporte.
Esto podría avivar aún más las protestas. Cientos de personas salieron a las calles este viernes a manifestar contra la ley coreando eslóganes como «Hong Kong, resiste».
Reacciones a la ley
Teresa Cheng, secretaria de Justicia, indicó a la prensa que la legislación «no socavará las libertades de las personas».
John Lee Ka-chiu, secretario de Seguridad del Ejecutivo, añadió que la medida «ayudará a los agentes de la Policía recolectar información» e identificar a sospechosos.
Sin embargo, algunos expertos hongkonguenses han expresado su temor. Consideran que es una ley que podría afectar la posición de la ciudad como centro financiero internacional.
«Las instituciones financieras comenzarán a cuestionarse si las autoridades promulgarían también leyes financieras similares», comentó el politólogo Simon Shun por radio.
«Este es un asunto grave. Sienta un precedente. Después de esto, el gobierno va a poder hacer prácticamente cualquier cosa», agregó.
Protestas desde junio
Las protestas se masificaron en junio a raíz de una polémica propuesta de Ley de extradición, y se extendieron hacia la búsqueda de caminos democráticos.
No obstante, algunos manifestantes han optado por tácticas más radicales que la protesta pacífica y los enfrentamientos violentos con la Policía son habituales.