¿Cuántas veces ha viajado José Luis Rodríguez Zapatero al extranjero y, más en concreto, a la Venezuela de Nicolás Maduro? ¿Quién paga esas excursiones, todas en auxilio del régimen? ¿Qué grado de ayuda y protección tiene por parte de Pedro Sánchez? ¿Por qué respalda a un autócrata, capaz de manipular el resultado de unas Elecciones, y guarda un silencio sepulcral con respecto al fraude, señalado incluso por países como Colombia o Chile?
La figura del expresidente del gobierno está en el centro de la polémica tras aparecer como uno de los grandes valedores de un autócrata capaz de exigir la detención de sus rivales, adulterar un escrutinio y perder el respaldo absoluto del llamado Grupo de Puebla, la coalición de países gobernados por el populismo que en esta ocasión reclama la auditoría de las actas electorales para renovar su respaldo al heredero de Chávez o sumarse a las acusaciones de «pucherazo».
Nadie sabe exactamente en nombre de qué y de quién actúa, ni tampoco el grado de complicidad con su papel del gobierno de Pedro Sánchez, que mantiene una posición ambivalente: no reconoce la victoria de Edmundo González, el candidato de la inhabilitada María Corina Machado, ni condena los abusos de Nicolás Maduro; pero sí reclama la revisión del escrutinio, sin hacer tampoco especial hincapié en ello.
A todas esas preguntas e incógnitas se ha negado a responder el gobierno, con un amparo pasivo al extravagante papel de Zapatero en Venezuela, del que dan cuenta por primera vez los documentos obtenidos por El Debate, en los que se evidencia una complicidad tácita con el antiguo líder socialista, reciclado en «estrella» de Sánchez en sus últimas campañas electorales.
En todo ellos se demuestra cómo el Ejecutivo de Sánchez esconde, de manera reiterada, la evidente supervisión de los desplazamientos de Zapatero a Caracas, escudándose en que no los organiza para justificar un supuesto desconocimiento que no es tal, como evidencian dos confesiones contundentes: el gobierno da cobertura al despliegue de seguridad que acompaña al expresidente socialista, financia al personal puesto a su servicio y también sostiene una retribución anual superior a los 75.000 euros.
La sintonía de Sánchez con Zapatero en este punto es insoslayable, tanto como su voluntad de disimularla, tal y como figura en el documento firmado por la directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del gobierno, Beatriz Rodríguez Pérez, con número de expediente 00001-00090732, en el que intenta proteger al líder socialista asegurando que «la Presidencia del gobierno no organiza los viajes de los ex Presidentes del gobierno», para reconocer, a continuación «que no dispone de otra información en relación a los mismos que la correspondiente a la cobertura de las necesidades de seguridad asignadas a estas autoridades».
Es decir, el gobierno conoce perfectamente los movimientos de Zapatero porque le asigna un equipo de seguridad que le acompañe en sus excursiones, pero se ampara a continuación en un tecnicismo para ocultar la agenda venezolana del polémico expresidente.
Zapatero tiene todos los recursos públicos a su disposición pero el gobierno de Sánchez prefiere esconder los detalles de sus expediciones a Venezuela
El truco queda en evidencia al insistir, en el mismo informe, en la ocultación de todos los detalles y objetivos de Zapatero en Caracas con otro sorprendente argumento: «Conocer la información (…) en relación a la seguridad de los Ex Presidentes (sic) pondría en peligro la eficacia de los dispositivos que les acompañan en sus desplazamientos, ya que permitiría dimensionar el dispositivo de seguridad y conocer su protocolo de actuación, lo que abriría una brecha de vulnerabilidad que comprometería la integridad personal de estas autoridades y de los empleados públicos encargados de su protección».
Eso sí, en cuanto a la misteriosa agenda internacional que Zapatero lleva a cabo como expresidente del gobierno con cargo al presupuesto público, que además le asigna un coche oficial de representación con conductores del Estado, según recoge el Real Decreto 405/1992 del 24 de abril de Expresidentes del gobierno, aprobado precisamente por Felipe González, el gobierno de Sánchez oculta dos cuestiones fundamentales.
La primera, si Zapatero informa a Moncloa de sus viajes al extranjero y la segunda si también reporta sobre las gestiones realizadas en los mismos. Según fuentes jurídicas personadas en el proceso instado ante Presidencia para obtener todas las respuestas, «es llamativo que precisamente sobre estas dos cuestiones Moncloa guarde silencio, en contra de lo que la ley ordena y no niegue, sin más, la existencia de esa información», cuya aclaración es objeto ya de demanda.
Silencios y contradicciones
Así, por un lado el equipo de Sánchez dice desconocer los viajes de su predecesor por no tener la obligación de organizarlos; pero por otro le monta y sufraga un dispositivo que le permite, sin el menor asomo de duda, conocer con exactitud su agenda en Venezuela y cualquiera de los países donde se desplace sin una misión aparentemente oficial pero con consecuencias diplomáticas para España.
La remuneración pública obtenida por Zapatero desde 2018 supera los 500.000 euros – El Debate
Que Zapatero no es un misterioso verso suelto y que, en todo momento, está controlado por el gobierno sin ninguna mención crítica a sus «gestiones», queda también reflejado en otro documento oficial en propiedad de este periódico en el que, tal vez por primera vez, se consignan los recursos públicos puestos a su disposición gracias a su estatus de expresidente.
En este caso, el informe con número de serie 00001-00093553, tiene la rúbrica de Sergio Cuesta, Director del Gabinete del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y ahonda en el doble juego de Sánchez de dejar hacer a Zapatero, no dar detalle alguno de sus actividades pese a controlarlas y, a la vez, concederle toda la cobertura legalmente posible.
«No consta (…) en este Ministerio (…) un listado elaborado de los desplazamientos realizados por los exmandatarios fuera del territorio nacional en los que hayan contado con el apoyo de los servicios diplomáticos. La información que se solicita no existe y difícilmente puede ser, por tanto, suministrada al interesado», reza el documento.
España paga a Zapatero
Algo totalmente contradictorio con la cobertura de seguridad que disfruta Zapatero y con los gastos que comporta su actividad general, reconocidos en otro documento de la Presidencia del gobierno al que también ha accedido este periódico, con la identificación numérica 00001-00091508 y asumido, de nuevo, por la responsable jurídica de La Moncloa.
En el mismo, se reconoce incluso las cifras que el Estado asume como retribución del «embajador» oficioso de Maduro ante la comunidad internacional, acostumbrada ya a su complicidad con el sucesor de Chávez al frente un régimen señalado incluso por Amnistía Internacional como causante de una represión política con pocos parecidos en el mundo.
Zapatero, según el gobierno, actúa a titulo personal, pero España le ha pagado ya más de 500.000 euros
En concreto, Zapatero cobró del Estado 74.560 euros en 2018, primer año de Sánchez en el gobierno tras la moción de censura contra Rajoy presentada en junio; y 74.580 euros anuales entre 2019 y 2024. Es decir, el expresidente socialista, de cuyas actividades nadie rinde explicaciones públicas concretas, llevará cobrados del erario cuando termine el presente ejercicio un total de 522.040 euros, sin que sea posible conocer si a esas cantidades les añade otras, y de qué cuantía, por servicios profesionales de carácter político.
Según regula el citado decreto de 1992, la dotación percibida por Zapatero cubre los gastos de lo que denomina como «atenciones de carácter social», sin que el gobierno aporte el desglose de los mismos, así como respecto de los propios viajes al extranjero, que «se incluyen en las cuentas justificativas de Anticipos de Caja Fija».
No terminan ahí los recursos públicos puestos a disposición del enigmático expresidente, tal y como reflejan los documentos obtenidos por este periódico. Además, y en virtud del Estatuto vigente para los expresidentes, el Estado le financia a Zapatero las retribuciones de dos personas, elegidas por él, con categorías equivalentes a los niveles 30 y 18 de la Administración Pública, aunque sean ajenos a ella y puedan ser escogidos por libre designación.
En suma, lo que Zapatero haga en Venezuela, o en cualquier otro rincón del mundo sin rendir cuentas ante nadie, se ha costeado hasta ahora con un acumulado de más de medio millón de euros, dos empleados a su servicio y un equipo de seguridad a su disposición.
Extracto del documento que acredita los dispositivos del gobierno puestos a disposición de Zapatero en sus viajes – El Debate
Paga España
El Real Decreto 405/1992, de 24 de abril, por el que se regula el citado Estatuto de los expresidentes del gobierno, reconoce también en su artículo 3 que se podrán sufragar con cargo al erario público los citados gastos, y añade que «se pondrá a su disposición un automóvil de representación con conductores de la Administración del Estado», además de disfrutar de «libre pase en las compañías de transportes terrestres, marítimos y aéreos regulares del Estado».
Esto último, que sin duda ha de ser conocido por el actual gobierno y le permite conocer todos y cada uno de los desplazamientos de Zapatero, también queda de nuevo escondido en los distintos informes oficiales en posesión de este periódico, todos marcados por la intención de desvincularse de algo que sin embargo conoce, controla y goza de cobertura pública.
No es la primera vez que el gobierno mantiene en el más absoluto de los secretos todo lo relacionado con los viajes de Zapatero. De hecho, ya se negó a informar en el Senado en 2021 sobre el coste de los desplazamientos que había realizado el expresidente a Venezuela.
En su respuesta al senador de UPN, Alberto Catalán, explicó que «los gastos que pudieran realizarse por los expresidentes del gobierno con ocasión de un viaje se atienden, mediante imputación, según corresponda por su naturaleza, a diferentes subconceptos», a lo que añadió que «no es posible individualizar el importe que corresponde a gastos realizados en un viaje de cualquier expresidente del Gobierno dentro del gasto total en que se agrupan en cada subconcepto».
Ante esta falta de respuesta, el senador insistió en ello registrando otra cuestión dirigida al gobierno en el que solicitaba conocer no solo la normativa que permitía sufragar los viajes de Zapatero, sino también cuánto había supuesto para las arcas del Estado los traslados de todos los expresidentes en los últimos años; los destinos; y los gastos abonados en cada uno de ellos.
Aun así, tampoco obtuvo respuesta, pues el gobierno se limitó a explicar que «los gastos en los que se ha podido incurrir, con motivo de los viajes de los expresidentes, se incluyen en las cuentas justificativas de Anticipos de Caja Fija, por lo que los datos sobre destinos, importes y tipo de gasto, no pueden extraerse por parte de la IGAE y deben ser solicitados al órgano gestor».
Además, añadieron que «consultado el Sistema de Información Contable de la Administración General del Estado, no figura ninguna aplicación presupuestaria específica para atender los gastos de viaje al extranjero de los expresidentes del gobierno», sino que se engloba en una general dedicada a los expresidentes.
Todo con tal de cubrir, de un modo u otro, la sospechosa misión que Zapatero ha asumido como propia en Venezuela, donde se le ha llegado a ver en complicidad con uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, señalado desde hace años como uno de los inspiradores de las políticas chavistas.
Quizá por ello el PP ha anunciado que reclamará la presencia del expresidente socialista en la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo, donde podría dar las explicaciones que, como «embajador» de Maduro, no ha dado en España. Ni él ni el gobierno que tanto lo escuda porque, dice entre eufemismos, actúa «a título personal».