El gobierno del presidente Nayib Bukele defendió el lunes el derecho de mantener al bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, pese a las advertencias del FMI para que deje de hacerlo.
«Ningún organismo multilateral te va a obligar a hacer nada, absolutamente nada. Los Estados son Estados soberanos y toman decisiones soberanas sobre sus políticas públicas», declaró el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, al Canal 21 de la televisión local.
En un informe el martes, luego en un comunicado, el FMI instó a las autoridades salvadoreñas a «limitar el alcance de la ley bitcoin eliminando su calidad de moneda de curso legal».
En el informe, el directorio ejecutivo del FMI exhortó al gobierno salvadoreño a dejar de usar oficialmente el bitcoin, citando peligros para «la estabilidad financiera, la integridad financiera y la protección del consumidor, así como posibles contingencias fiscales».
Para Zelaya «es falso» que el informe del FMI pida «eliminar» el bitcoin como moneda de curso legal, sino que plantea «limitar» su alcance.
El Salvador legalizó en septiembre de 2021 el bitcoin como una de sus monedas, a la par del dólar.
En aquel momento un bitcoin era equivalente a unos 44.000 dólares. Luego se cotizó sobre los 61.000 dólares en octubre. En noviembre, Bukele inició incluso la construcción de una unidad veterinaria pública con las ganancias generadas.
Sin embargo, el bitcoin cayó y se cotiza actualmente en torno a los 38.000 dólares.
El FMI también manifestó, según el comunicado, «su preocupación sobre los riesgos asociados a la emisión de bonos respaldados por Bitcoin».
Pero Zelaya sostuvo que ese plan seguía en pie.
«En los primeros 15 días de marzo tenemos programado terminar con todo lo necesario para que se emita el bono (bitcoin), estamos tomando todas las salvaguardas (…)», indicó.
Y agregó: «Hay regulación para esto (emisión de bonos). Se han medido todos los riesgos y se ha trabajado en cada uno de ellos para minimizarlos».
Pese a las diferencias, según Zelaya, El Salvador «continúa negociando» con el FMI un acuerdo por 1.300 millones de dólares para sanear sus arcas y admite que el bitcoin «es un factor de análisis y de mitigación de riesgo, como cualquier cosa».
El Salvador busca ese acuerdo a cambio de un ajuste fiscal equivalente al 4% del PIB para los próximos tres años. El trato debía estar cerrado en septiembre de 2021.
«Todo parece indicar que el Fondo ha expresado que la eliminación del bitcoin como moneda de curso legal sí es un punto de honor para el FMI, para que el gobierno salvadoreño pueda negociar un acuerdo con dicha institución», consideró en un reciente artículo el economista Luis Membreño.
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