El gobierno de Ecuador suspendió por cinco meses a la vicepresidenta Verónica Abad ante un supuesto «abandono injustificado» de sus funciones, según un sumario administrativo emitido el sábado por el Ministerio de Trabajo.
El documento, firmado por una funcionaria de recursos humanos, dispone «la sanción con suspensión temporal sin goce de remuneración por 150 días» contra Abad, por una supuesta «falta grave» a la ley de servicio público, que establece sanciones por el «abandono injustificado» del cargo por tres días o más días consecutivos.
El presidente Daniel Noboa mantiene una tensa relación con su vicepresidenta, a quien designó como embajadora en Israel al inicio de su gobierno. En septiembre, en medio de la escalada del conflicto en Israel, Abad fue trasladada a Turquía por seguridad.
El argumento para la suspensión es que Abad debía instalarse en Ankara, la capital turca, hasta el 1 de septiembre, pero la vicepresidenta llegó cinco días después.
La vicepresidenta denunció al presidente de Ecuador
En agosto, Abad denunció al presidente Noboa por violencia de género ante el máximo tribunal electoral con miras a inhabilitarlo para el cargo, una acción que el mandatario tildó de «traición».
Noboa buscará la reelección en los cómics generales de febrero con su partido ADN. La campaña comenzará en enero y en esta ocasión, su compañera de fórmula será María José Pinto, secretaria del programa Crece Sin Desnutrición Infantil.
La ley ecuatoriana establece que un presidente en funciones puede hacer campaña por la reelección siempre y cuando encargue el poder a su vicepresidente.
El abogado de Abad, Damián Armijos, aseguró el viernes a medios que Noboa «ha buscado a toda costa impedir el ejercicio de la función pública de la señora vicepresidenta, pero también ha buscado amedrentarla, intimidarla, hostigarla con la finalidad de provocar su renuncia y evitar así la sucesión presidencial».
El traslado de Abad a Israel tensó aún más la mala relación que mantenía con el mandatario desde la época de la campaña. A partir de entonces, la vicepresidenta ha sido crítica del gobierno y ha protestado por lo que considera una «persecución» en su contra tras la detención de un hijo por presunto tráfico de influencias.
La Fiscalía también incluyó a Abad en esa indagación, pero el Legislativo no autorizó un juicio penal en su contra.