El gobierno de Cabo Verde autorizó la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, aunque la decisión final la tomará un tribunal caboverdiano, confirmó este martes a Efe su abogado, José Manuel Pinto Monteiro.
El Ejecutivo avaló la extradición sobre la base de la opinión judicial favorable de la Procuraduría General de la República, enviada el pasado 8 de julio, para su revisión, al Tribunal de Apelaciones de Barlavento, con sede en la isla de San Vicente, que asumirá la deliberación final, afirmó Pinto.
Saab fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla norteña de Sal, el más importante de este país insular de África occidental, en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero.
La PGR recibió el pasado 29 de junio la solicitud de extradición del Departamento de Justicia de Estados Unidos y tenía un plazo de 65 días, a partir del 12 de junio, para responder a esa petición.
Ahora, la defensa tiene de plazo hasta el jueves para interponer, ante la citada corte, un recurso contra la decisión del gobierno.
Si no lograse una orden favorable a sus reclamos, Saab podría aún apelar ante el Supremo Tribunal de Justicia y, en última instancia, presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
«Nuestro equipo está trabajando con optimismo para obtener los resultados definidos, es decir, la liberación inmediata de nuestro cliente», aseguró a Efe Pinto en conversación telefónica en Praia, la capital caboverdiana.
Tras la detención del presunto testaferro, Venezuela indicó que Saab es un ciudadano venezolano y un agente del régimen, que se hallaba en tránsito en Cabo Verde para regresar al país.
La defensa de Saab argumenta que el empresario tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela en tránsito por Cabo Verde.
Baltasar Garzón, en el equipo que defiende a Saab
En ese argumento se basarán los procedimientos del exjuez español Baltasar Garzón para defender a Saab ante instancias judiciales internacionales y caboverdianas, tras haberse incorporado al equipo legal del empresario, señaló Pinto.
El exjuez, que ejerce como abogado, va a liderar un proceso contra Estados Unidos y Cabo Verde ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya por la violación de la inmunidad jurisdiccional de Saab, explicó Pinto a Efe este lunes.
Garzón también intentará abrir ante la Justicia del archipiélago un proceso de indemnización contra el Estado de Cabo Verde por daños patrimoniales y de imagen de Saab, con una reclamación que se situaría entre los 5 y los 12 millones de dólares.
Para conseguir sus objetivos, Saab ha contratado un amplio consorcio de abogados que incluye, además de Pinto y otros letrados caboverdianos, a reconocidos especialistas internacionales como el propio Garzón, el holandés Rutsel Martha, exdirector de asuntos legales de Interpol, y la ucraniana Maryna Pogibko, experta vinculada a la firma británica Amadeus en Londres.
Pese a mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited, acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción.
Supuesto blanqueo de millones de dólares
Un funcionario del gobierno de Estados Unidos indicó en julio de 2019 que con los CLAP, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con cientos de millones de dólares.
Washington también presentó cargos en julio pasado contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Estados Unidos señaló que entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
Su detención acaeció después de que el pasado 9 de junio la Fiscalía colombiana impusiera medidas cautelares con fines de expropiación de ocho inmuebles del patrimonio ilícito de Saab.
La Fiscalía dijo que esos bienes tienen un valor de 35.000 millones de pesos, unos 9,7 millones de dólares, y están en Barranquilla.
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