El gobierno chileno dio este martes una semana a la policía para que aclare las presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas durante el estallido social, horas después de que Human Rights Watch, HRW, acusase a ese cuerpo de uso excesivo de la fuerza y de abusos contra detenidos.
La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, indicó que se encargó a la dirección de Carabineros (nombre de la policía chilena) revisar profundamente aquellas actuaciones que se alejen de lo establecido en los protocolos y que han significado cuestionamientos y denuncias, y elaborar un informe en el plazo de una semana
El documento, explicó en una comparecencia pública, deberá incluir propuestas con medidas de corrección, señalando las instrucciones y sanciones que correspondan.
La ONG Human Rights Watch, con sede en Nueva York, presentó este martes las conclusiones sobre su visita a Chile. También pidió al gobierno acometer una reforma urgente del cuerpo policial tras haber constatado la comisión de graves violaciones de los derechos humanos.
«Factores como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios, abusos contra personas detenidas y sistemas de control interno deficientes facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos», dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
Las revueltas en Chile han dejado 23 muertos en actos de violencia y 2.800 heridos. Entre ellos 232 con serias lesiones oculares por disparos de perdigones a la cara.
Suspensión del uso de balines en las protestas
La Policía anunció la semana pasada la suspensión temporal del uso de perdigones o balines para controlar manifestaciones. La Universidad de Chile aseguró que los proyectiles no son solo de goma sino que también contienen plomo, lo cual explicaría el alto número de heridos.
La Fiscalía informó este martes que ha iniciado 2.670 investigaciones penales contra las fuerzas de seguridad por presuntas violaciones de los derechos humanos, entre ellas lesiones por armas de fuego, torturas o violencia sexual.
«El informe de HRW nos entrega una serie de antecedentes que sin duda nos preocupan y que por supuesto recibimos con dolor. Da cuenta de graves vulneraciones de los derechos de las personas», reconoció Recabarren.
La semana pasada criticó duramente las conclusiones presentadas por Amnistía Internacional y las tildó de irresponsable.
La organización con sede en Reino Unidos acusó entonces a las fuerzas de seguridad de perpetrar ataques generalizados, y de hacer uso innecesario y excesivo de la fuerza contra los manifestantes para desincentivar la protesta.
El llamamiento de los estudiantes chilenos a colarse en el Metro de Santiago para protestar contra el aumento de la tarifa se convirtió en una revuelta social.
Las marchas, que comenzaron siendo multitudinarias, han ido perdiendo fuerza con el paso de los días. Sin embargo, sigue existiendo descontento en las calles y episodios de violencia con saqueos, incendios y destrucción de mobiliario público. Muchos manifestantes desconfían de las tibias medidas sociales anunciadas por el gobierno y el acuerdo parlamentario sobre una nueva Constitución.