Funcionarios de varias instituciones estatales de Bolivia denunciaron este viernes que eran presionados para participar en actos de apoyo a Evo Morales bajo graves amenazas. Esta situación era advertida en el país desde hace tiempo, aunque hasta ahora no se había hecho público.
A lo largo de la jornada fueron difundiéndose cartas de trabajadores del Ministerio de la Defensa, el Banco Unión, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, así como la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento.
Obligados a integrar grupos de choque
Una persona que trabajó hasta la semana pasada en el Ministerio de Defensa, que pidió el anonimato, aseguró que por órdenes superiores se formaron grupos de choque con el fin de causar disturbios, incluso, como infiltrados en el bando contrario en recientes movilizaciones en el país.
“No había opción a decir que no. Los encargados instruían a los funcionarios cómo tenían que ir a molestar a las otras personas y exacerbar los ánimos”, aseguró.
Esta fuente explicó, además, que arguyendo órdenes del ex ministro Javier Zavaleta se hacían cobros voluntarios al personal que luego terminaron por ser obligatorios. Ese dinero se usa para sustentar las movilizaciones a favor de Evo Morales del que nunca se dio cuenta.
Igualmente hubo una instrucción suya para improvisar partidas para la compra de equipos antidisturbios para empleados, según la fuente.
Otra persona, que todavía se mantiene en funciones en esa repartición, confirmó estas declaraciones. Dio fe de la autenticidad de un comunicado que denuncia cómo se amedrentaba a los empleados.
Denuncias de humillaciones
“Fuimos maltratados, humillados y obligados a asistir a marchas del anterior régimen masista”, denuncia otro comunicado de funcionarios de la Epsas.
La nota relata constantes amedrentamientos y hostigaciones bajo amenaza de despido, para afiliarse al MAS y aportar económicamente al partido.
Los trabajadores detallaron que pusieron su vida en riesgo al verse involuntariamente involucrados en recientes actos violentos en La Paz y la ciudad de El Alto, por lo que pidieron la renuncia o destitución de directivos de la empresa estatal.
Igualmente, funcionarios del Banco Unión desvelaron prácticas similares de directivos afines al MAS, y despidieron de forma injustificada por tener diferentes ideologías políticas.
La Federación Sindical de Trabajadores de Entel calificó de operadores de terror a directivos de la entidad por haber pisoteado sus derechos y su dignidad, con acciones como obligarles a acudir a actos con riesgo para su integridad.
Fumigación sospechosa de oficinas
Los profesionales de medios que cubrían actos a favor de Evo Morales desde antes de las pasadas elecciones del 20 de octubre comprobaban cómo algunos de los participantes evitaban aparecer en las imágenes, en especial si vestían uniformes de empresas públicas.
La participación con uniformes de estas empresas en actos a favor de Morales apenas se aprecia en las manifestaciones en su apoyo desde el pasado domingo.
La obligación de asistir a marchas en su apoyo, la coincidencia de días libres para fumigar oficinas públicas cuando había actos a su favor y otras situaciones similares se difundieron solo en ámbitos como las redes sociales antes de la renuncia de Morales.
La renuncia se originó por un informe de la Organización de Estados Americanos que advirtió graves irregularidades en los comicios electorales, en los que «resultó» elegido para un cuarto período.