La gobernación de Florida no confirmó ni desmintió por ahora que tenga algo que ver con el viaje desde la frontera con México hasta California de 16 migrantes colombianos y venezolanos que fueron dejados el viernes último frente a una iglesia católica en Sacramento.
El fiscal general californiano, Rob Bonta, dijo en una declaración de la que se hacen eco los medios de Florida este lunes que el caso está bajo investigación, pero ya han podido confirmar que los 16 migrantes tenían documentación que parece relacionarlos con el Gobierno del estado de Florida.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, no se ha pronunciado hasta ahora mi en sus redes sociales ni por medio de un comunicado o declaración de sus portavoces.
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Si llegara a confirmarse se trataría de un caso similar al de medio centenar de inmigrantes, venezolanos en su mayoría, llevados desde Texas a la isla Martha’s Vineyard, en Massachusetts, en septiembre pasado en virtud de un programa de la gobernación de Florida para la reubicación de indocumentados.
Ese caso es objeto de una demanda judicial contra DeSantis presentada en nombre de los afectados por Abogados por los Derechos Civiles (LCR), organización que envió ya a Sacramento un equipo para investigar si DeSantis «ha vuelto a atacar», según un mensaje enviado a EFE.
Aparentemente estos 16 migrantes de Colombia y Venezuela viajaron a Sacramento en vuelos que parecen haber sido financiados por el Estado de Florida, dice LCR.
Como fue el caso en Martha’s Vineyard, no se avisó con antelación a ninguna agencia de servicios sociales del viaje. Los migrantes simplemente fueron abandonados afuera de una iglesia en Sacramento, agrega la organización de derechos civiles.
«Estamos investigando este último incidente para determinar si, al igual que nuestros clientes de Martha’s Vineyard, se mintió y engañó a estos inmigrantes más recientes para inducirlos a viajar», dijo LCR.
Además, LCR está ofreciendo asistencia legal a los que están ayudando a los migrantes.
La alcaldía de Sacramento y la gobernación de California, según un comunicado del gobernador californiano, Gavon Newson, están trabajando juntas para «asegurarse de que las personas que han llegado sean tratadas con respecto y dignidad».
DeSantis, que competirá en las primarias republicanas con vistas a las elecciones presidenciales de 2024, ha hecho de la «mano dura» contra la inmigración irregular el caballo de batalla de su campaña y antes promovió una ley que entrará en vigor en julio próximo que castiga severamente a los indocumentados y a quienes les den trabajo o los presten ayuda.
Desde hace más de un año, gobernadores de estados republicanos, como Texas o Florida, han estado transportando en autobuses e incluso aviones, en algunas instancias, a migrantes hacia ciudades como Nueva York, Chicago y Washington D.C., a modo de protesta por las políticas migratorias del Gobierno del demócrata Joe Biden.
El pasado 11 de mayo una treintena de migrantes, enviados por Texas, llegó a la residencia en Washington de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.
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