La Fiscalía de España se ha sumado al manifiesto, firmado por procuradores, fiscales generales y representantes de las fiscalías de varios países, en el que expresan su preocupación por las críticas vertidas contra el Ministerio Público de Venezuela y le brindan su respaldo.
Desde hace más de 70 días, en Venezuela hay manifestaciones a favor y en contra del presidente Nicolás Maduro y la convocatoria de elecciones a una Asamblea Constituyente, que en algunos casos ha desembocado en hechos violentos, con 67 víctimas mortales y más de un millar de heridos, según datos de la Fiscalía venezolana.
Maduro acusó el domingo a la fiscal general del país, Luisa Ortega Díaz, de liderar a los sectores que se oponen a la formación de una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva constitución.
Al conocerse estos hechos representantes de las Fiscalías de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Portugal y Uruguay firmaron un manifiesto expresando su «profunda preocupación por las declaraciones expresadas públicamente en contra de la labor del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela».
España se suma ahora a este texto, en el que se sostiene que esa Fiscalía está investigando «en uso de sus facultades constitucionales y legales» los distintos hechos constitutivos de delito suscitados durante los meses de abril, mayo y junio.
Los Ministerios Públicos firmantes reafirman lo expresado por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) el 6 de abril y manifiestan su «convicción sobre el rol que deben cumplir los Ministerios Públicos para garantizar el Estado de Derecho».
Y deben hacerlo «especialmente en momentos de convulsión social que ameritan la actuación de sus instituciones de justicia de forma oportuna, independiente y transparente para esclarecer todos los hechos que vulneren o pongan en riesgo bienes jurídicos superiores, como son la vida e integridad personal».
Asimismo, consideran fundamental que se resguarde el rol constitucional del Ministerio Público venezolano y de todos los Ministerios Públicos en la Administración de Justicia, «especialmente en relación a la salvaguarda de los derechos y garantías del debido proceso, así como su independencia y autonomía».
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