Funcionarios del Ministerio Público de Guatemala han irrumpido este sábado por la fuerza en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y se han llevado por la fuerza las actas de la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Los magistrados Blanca Alfaro, Gabriel Aguilera y Mynor Franco y los suplentes Marlon Barahona y Marco Antonio Cornejo y algunos trabajadores del TSE formaron una barrera humana en la entrada de la sede del organismo para intentar proteger esta documentación, pero finalmente los fiscales se apoderaron de las cajas.
Los magistrados les dieron alternativas para que no se llevaran las actas tales como escanear los documentos e incluso se ofrecieron a hacer públicos los documentos en aras de la transparencia, pero los fiscales rechazaron estas propuestas.
Posteriormente el TSE ha realizado una transmisión en directo en sus redes sociales para documentar lo ocurrido debido a las restricciones impuestas en ese momento a los medios de comunicación, por lo que se ha podido conocer lo ocurrido.
El allanamiento duro más de 20 horas y fue coordinado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por el agente Rafael Curruchiche, según recoge el diario ‘Prensa Libre’.
La Fiscalía no ha dado explicaciones sobre lo ocurrido salvo que se ampara en una orden de allanamiento que autorizó el juez Fredy Orellana. El número de causa es la misma por el que el partido Movimiento Semilla enfrenta un proceso de suspensión.
«Son documentos electorales, no son cualquier cosa», ha argumentado el magistrado Aguilera. «Han usado la fuerza», ha gritado en varias oportunidades la magistrada Alfaro, quien terminó en el suelo durante uno de los forcejeos pese a sus advertencias de que se había sometido recientemente a una cirugía de columna vertebral.
El magistrado Franco, el funcionario de mayor edad, también se enfretnó a los fiscales e intentó arrebatarles una caja de actas, pero el número de agentes fiscale impidió cualquier resistencia. «Están forzando la salida, están forzando la extracción», ha denunciado el magistrado Barahona.
Las autoridades electorales han advertido de que esta acción pone en peligro todo el proceso electoral, ya que al romperse la custodia se podrían manipular las actas con los resultados.
Sin embargo, el TSE ya emitido los dictámenes con la oficialización de los resultados, por lo que estas medidas no deberían suponer un cambio.
Desde el Ministerio Público han alegado que el «secuestro de indicios» se ha desarrollado «con fundamento en la ley». «Tomando en cuenta que la elección ya ha finalizado y los resultados constan en el acuerdo respectivo que oficializa los resultados, asegurar que se vulnera la custodia del voto es una afirmación que se aleja de la realidad y de la naturaleza jurídica de la diligencia realizada», ha planteado en un comunicado oficial.
El ganador de las elecciones, Bernadro Arévalo, ha condenado de nuevo estas acciones del Ministerio Público que ha asimilado a un golpe de Estado. «Es momento de que las y los guatemaltecos digamos un NO alto y claro contra los golpistas y hagamos valer nuestro derecho a la libre expresión y manifestación de forma pacífica ante los desmanes injustificados del poder y exigir el respeto a la constitución y la democracia», ha afirmado.
A nivel internacional, el Alto Representante de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha condenado «con toda firmeza el nuevo e inaceptable allanamiento del FECI al TSE». «El asedio a la democracia no puede continuar. Es fundamental que se respete la voluntad popular expresada inequívocamente en las urnas y que haya una transición pacífica y ordenada», ha planteado.
Mientras, Estados Unidos también ha condenado el allanamiento de la sede del TSE. «Exigiremos #RendiciónDeCuentas a quienes participen en acciones para socavar la transición democrática al presidente electo Bernardo Arévalo. Las instituciones deben respetar la voluntad del pueblo guatemalteco», ha subrayado en X, antes Twitter, el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols.
Desde que el Movimiento Semilla del candidato Bernardo Arévalo consiguiera unos resultados sorprendentes –en comparación con lo que auguraban los sondeos– en la primera vuelta electoral, celebrada el 25 de junio, el Ministerio Público guatemalteco ha tomado numerosas acciones para inhabilitar los resultados o ilegalizar la formación política, acciones que han recibido la condena de la comunidad internacional. Arévalo se impuso en la segunda vuelta de los comicios.