La Fiscalía de España pidió este lunes imputar a la novia del ex viceministro venezolano Javier Alvarado Ochoa en un caso sobre corrupción en Pdvsa, a la que relaciona con la recepción de casi 800.000 euros a través de una sociedad de la que era administradora.
En esta causa también está investigado Alvarado Ochoa, al que la Audiencia Nacional española rechazó extraditar a Estados Unidos por esta razón.
La novia de Alvarado, Ceciree Carolina Casanova Rangel, ex gerente funcional de Recursos Humanos de la Electricidad de Caracas, fue citada este miércoles a declarar como testigo a petición de la acusación particular que ejerce Pdvsa en esta causa.
Pero el fiscal anticorrupción, antes de la comparecencia, informó de que iba a hacer preguntas que le podían incriminar.
Ante ello, pidió su imputación, lo que permite tener la asistencia de un abogado y además no hay obligación de decir la verdad.
Indicio contra Casanova Rangel
El principal indicio contra Casanova Rangel es que consta como administradora de una sociedad, de actividad desconocida, llamada Cocuiza, constituida en 2012.
Esta sociedad recibió meses después, como una ampliación de capital, 800.000 euros de procedencia desconocida.
Se sospecha que pudiera provenir de la petrolera venezolana Pdvsa, informaron fuentes jurídicas.
Ante esta petición del fiscal, la juez de la Audiencia Nacional española María Tardón acordó suspender la declaración y pidió al fiscal anticorrupción que emita un informe con los indicios que llevan a pedir su citación como investigada.
Raúl Gorrín
Hoy también había sido llamado a declarar como investigado el presidente de Globovisión, Raúl Gorrín.
Este martes avisó de que no comparecería porque no podía viajar a España, al estar buscado por Estados Unidos. Ante ello, ofreció a la juez declarar por videoconferencia desde Venezuela.
La juez, tras conocer la opinión de las partes, en unos días decidirá si accede a tomarle declaración por esa vía, según las fuentes consultadas.
En el marco de esta causa, Gorrín tiene ya embargadas dos viviendas en Madrid desde agosto de 2019, recordaron las fuentes.
El pasado 7 de octubre, la magistrada aceptó la inhibición de un juzgado de Madrid, que había estado investigando a venezolanos afincados en España por el expolio de la petrolera durante el mandato de Hugo Chávez, entre ellos dos ex viceministros.
Gorrín está acusado por la Justicia estadounidense de sobornos y blanqueo de dólares en una trama multimillonaria que supuestamente involucra a otros dos venezolanos y, desde noviembre de 2019, forma parte de una lista de los más buscados por corrupción.
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