La Fiscalía Nacional de Chile confirmó este sábado que hay más de 20.000 imputaciones por diversos delitos desde el inicio del estallido social en el país, el pasado 18 de octubre. Las protestas acumulan al menos 23 fallecidos, 5 de ellos presuntamente a manos de agentes del Estado.
Sin embargo, la cifra de personas que pasaron por audiencias de control de detención, que es la fase posterior a la detención y previa a la imputación, alcanzó 30.102. De estas, 20.217 fueron casos formalizados.
En la fase de control de detención, el balance de la Fiscalía, que comprende entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre, arrojó un incremento del 11% con respecto al mismo período del año pasado.
En relación con las imputaciones o formalizaciones en Chile, el porcentaje subió 61% más que en los mismos días de 2018.
Del total de personas detenidas y llevadas al control de detención, 87% (26.092) fueron apresadas en flagrancia mientras cometían un hecho ilegal.
«Ello da cuenta de un importante aumento en la carga de trabajo del sistema de justicia penal. Se trata de casos que se construyen desde cero y, por tanto, requieren de mayores gestiones de parte de todos los intervinientes. Esto en comparación con los imputados detenidos por órdenes de detención pendientes», dijeron en la Fiscalía.
Imputaciones
En cuanto a la localización geográfica de los ilícitos, la mayor cantidad se registró en la región Metropolitana. A esta pertenece Santiago de Chile, Valparaíso y también Biobío, Concepción. Son las tres zonas donde se concentró la mayoría de las manifestaciones.
La Fiscalía además informó que entre los detenidos que fueron imputados, 1.957 quedaron en prisión preventiva. Asimismo, 20.525 quedaron con prohibición de desplazamiento a ciertos lugares, de cercanía a víctimas o salida del país.
En lo que respecta al tipo de delito cometido, el robo en lugar no habitado (saqueo) es el principal delito registrado en este periodo. Así lo informó el Ministerio Público en un comunicado.
Este tipo de ilícito creció 183% desde el comienzo del estallido social en Chile. Es la causa de que 2.493 personas pasaran audiencia de control de detención. Los desórdenes públicos llevaron a esa fase previa a la imputación a 1.934 personas.
La Fiscalía ha abierto 2.670 investigaciones penales contra las fuerzas de seguridad por presuntas violaciones a los derechos humanos. Entre ellas, lesiones por armas de fuego, torturas, violencia sexual y la comisión de graves lesiones por el empleo de escopetas de perdigones y balines de goma que, entre otras cosas, han provocado más de 200 lesionados oculares.
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch señalaron directamente la represión de Carabineros como la situación más preocupante para los derechos humanos durante las protestas.
La crisis social cumplió este viernes seis semanas y no hay visos de una pronta resolución.
Las marchas comenzaron siendo multitudinarias. En ellas reclaman una mayor redistribución de la riqueza y servicios básicos gratuitos. Aunque han perdido fuerza con el paso de los días, sigue existiendo descontento en las calles y episodios de violencia con saqueos, incendios y destrucción de mobiliario público.
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